El Defensor del Pueblo catalán pide suspender las pruebas de reválida para ESO y Bachillerato
Considera que los exámenes «vulneran el principio de igualdad de oportunidades» y no contemplan la heterogeneidad del alumnado
El Síndic de Greuges ha pedido hoy al Ministerio de Educación , a la consejería de Enseñanza y al Defensor del Pueblo que suspendan las pruebas de reválida para ESO y Bachillerato previstas para el curso 2016-2017, al considerar que «vulneran el principio de igualdad de oportunidades».
En un comunicado, el Síndic, Rafael Ribó, ha sostenido que «el establecimiento de una reválida no tiene en cuenta la situación personal, familiar y social ni la evolución de cada alumno y del centro de donde procede», pretendiendo introducir un tratamiento «supuestamente homogéneo» en situaciones que son «muy diversas».
La resolución del Síndic se basa en el hecho de que la puesta en marcha de este examen es « contradictoria con la normativa estatal y catalan a , y contraria a los principios que rigen el sistema educativo y las finalidades de la acción educativa».
«Igualdad de oportunidades»
Ribó ha afirmado que «el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades» incluye que los procesos de evaluación «tengan en consideración la evolución personal de cada alumno en el contexto de su situación social, económica y familiar».
Según el Síndic, el requisito de «tener que superar una prueba externa de carácter no comprensivo puede dejar fuera a un perfil determinado de alumnos», fomentando el fracaso escolar , cuando éstos podrían ser valorados de forma positiva en «una evaluación global que tuviera en cuenta el progreso personal y su contexto».
El Síndic ha alertado que la introducción de esta prueba «deja de lado lo que las sucesivas leyes educativas, con todos sus cambios, han mantenido como finalidad de la educación: el desarrollo de la personalidad del alumno desde una perspectiva integral que no sólo incorpora la adquisición de aprendizaje».
Una «incongruencia»
En este sentido, Ribó ha señalado que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013 (Lomce) «no cuenta con el consenso político que requieren las leyes educativas», y que es una «incongruencia» aplicar las pruebas para el próximo curso, sabiendo que «probablemente no tendrán más recorrido», informa Efe.
La consejería de Enseñanza también ha manifestado su desacuerdo con la introducción de la reválida, y ha expresado su voluntad de seguir aplicando las pruebas de competencias básicas que prevé la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009, que tienen un carácter solamente de diagnóstico y no determinan el paso del alumno a la educación secundaria.
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