Dignidad, decían hace diez años

Dignidad: cualidad de digno. Digno: merecedor de algo. Así se resume el nacionalismo catalán, cuya primera fase de defensa se esconde en el concepto del catalanismo político y cuyo final no es otro que el del independentismo. «Somos nación porque nos lo merecemos». «Queremos un referéndum de independencia porque nos lo merecemos». Mañana se cumplen diez años de una de las mayores vergüenzas periodísticas de la época democrática enEspaña. Doce diarios de tirada regional (La Vanguardia, El Periódico, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa) publicaron el mismo día (26 de noviembre de 2009) el mismo editorial, titulado «La dignidad de Cataluña», con un solo objetivo: que el Tribunal Constitucional (TC) se ajustase a sus pretensiones a la hora de dictaminar sobre la legalidad de algunos de los aspectos recurridos del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006.

El texto, las 1075 palabras comprimidas en aquellos nueve párrafos, perseguirán para siempre a sus autores. Dicen, en los mentideros catalanes, que la obra manuscrita –por orden de la Generalitat– hay que atribuírsela a un periodista, ahora más morado que estelado, del grupo Godó, y a un notario, visto en la última manifestación de Societat Civil Catalana, que entonces fimaba en el diario del grupo Zeta, ahora de Prensa Ibérica. Para que luego digan que en Cataluña no hay transversalidad. ¡Claro que la hay... si el objetivo es minar la separación de poderes! ¡La prensa!

Aquella «dignidad» de hace ahora diez años consistió en cargar contra diez magistrados del TC –formado por doce, pero uno estaba recusado y otro había fallecido– que deliberaban sobre la legalidad de una ley (aprobada en el Congreso de los Diputados, que a su vez había modificado el proyecto surgido del Parlamento de Cataluña). Una ley que sí, tenía el visto bueno de la ciudadanía, aunque de aquella manera, pues la participación del referéndum del 18 de junio de 2006 fue del 49 por ciento. Y que, siguiendo los trámites legales, tras su aprobación en el Congreso y su referendo popular, podía ser recurrida ante los tribunales por cualquier parte afectada, como así hicieron el PP, algunas comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo. Es decir, no es cosa de los jueces, y menos de los del TC, que el sistema democrático y legal permita que, pese al refrendo, los tribunales ajusten la norma a la legalidad constitucional. Algo lógico. ¿O acaso cualquier norma que pase por la aprobación de la ciudadanía en una consulta directa tiene encaje legal per se? ¿Defendemos este sistema a capa y espada o solo para cuando las propuestas nos gusten?

Aquel editorial es la clara muestra de la putrefacción a la que nos llevó el pujolismo, asumida por el socialismo catalán, en su vertiente periodística. «Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España», dejaron por escrito los escribanos. «Pactos», decían, como el del mismo Estatuto, para cuya reforma no se tuvo en cuenta a una de las dos formaciones centrales del panorama político español, el PP, y que, para el colmo de su «dignidad», la modificación la impulsó la Generalitat tripartita –obra de Pasqual Maragall– sin el apoyo de uno de sus miembros, ERC, que votó «no» en el referéndum.

Es así como se las gasta el nacionalismo. Al que incluso desde el vil editorial se le pide un aplauso por parte del resto de los españoles: «Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico». ¿De dónde creen que salió el lema «España nos roba»? No hay más que ver con perspectiva ese «por supuesto» a la hora de asegurar, sin despeinarse, que los nacionalistas (para los doce, «los catalanes») acatan las leyes y lo hacen de forma «pacífica».

Pero por si no hubiera quedado claro, directo y sin tapujos: «Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–». Normal, pues, que las cuatro manos y los doce editoriales fueran capaces de dejar para la historia conceptos predemocráticos: «Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga». Es decir, lo que dos pactan no hay tribunal que lo toque. Más que romano es, básicamente, un sistema feudal. Por suerte, esta ciénaga se superó en 1978 gracias a la Constitución. Por desgracia, el nacionalismo pervive.