Ni aunque sean siete millones y medio

De un tiempo a esta parte, los partidos constitucionalistas y los Gobiernos de España han asumido y normalizado una de las tesis nucleares de las formaciones independentistas. Una cuestión de cantidad. Un argumento que forma parte del corpus central utilizado por los independentistas en su engaño generalizado. La dicotomía mayoría versus minoría. «No son mayoría en Cataluña», se dice desde los altavoces populares, socialistas, naranjas y verdes. Como si en el mismo momento que dejasen de ser «minoría» en Cataluña su reivindicación cobraría más interés cualitativo. Como si se les estuviera -y se les está- diciendo: «Apretad. Con un voto por encima del cincuenta por ciento de los catalanes, el Estado cederá a vuestro chantaje, aceptará el incumplimiento de las leyes y romperá el demos».

Si España es una democracia de Derecho y social, donde la separación de Poderes impera y el imperio de la ley nos aparta de los trogloditas, el cumplimiento de las leyes no depende del número de personas que quieran o apoyen saltárselas. Ni cien ni cinco millones. Es decir, la aplicación de la Constitución no depende de que en unas elecciones -las que sean- los partidos independentistas consigan superar ampliamente a las formaciones que no lo son. ¿Para qué quieren un referéndum los independentistas si PSOE, PP, Cs y Vox insisten en cada campaña electoral en que los secesionistas «son minoría»? ¿Acaso cambiaría algo que fueran «mayoría» en una parte de España para decidir el cumplimiento de la Constitución?

Ni una parte de España se puede separar del conjunto del país por más que una localidad, provincia, región o mancomunidad de autonomías lo decida fuera de la ley, ni un partido político puede eliminar o modificar a su gusto aspectos recogidos en la Constitución, pese a que lo ofrezca a los ciudadanos en su programa electoral. Los que juegan a esto yerran políticamente a corto plazo y engañan a sus compatriotas a medio plazo, por lo que esto supone trabajar (consciente o inconscientemente) para romper la convivencia de los españoles. Otra cosa es defender posiciones políticas que, gracias a la Constitución más progresista de Europa -sí, la española-, caben dentro del marco legal. Pero no solo hay que defender un cambio en la legislación, también hay que explicar cómo se llevará a cabo esa reforma. Uno puede pensar que todavía vive en el siglo XIX y defender la independencia de Teruel, pero si apuesta por eso en un programa electoral, lo mínimo que puede hacer es explicar a los que se dirige cómo llevará a cabo ese sueño húmedo... porque no es lo mismo tomar las armas, llevar a cabo una sedición o convencer al resto de españoles de que Teruel debe ser otro país.

Hace unos años, no muchos, el alcalde de una población costera del Maresme (Barcelona) se presentó a un debate (no era electoral, pero ya en fecha preelectoral) prometiendo que, si conseguía estar cuatro años más al frente de su municipio, asfaltaría correctamente una carretera que unía su pueblo con uno cercano y que, por lo visto, era muy transitada. La carretera en cuestión merecía una inversión pública, pues el paso de los años y cierta dejadez la habían convertido en una vía, cuando menos, incómoda. Este alcalde -ahora llamado a mejores glorias- defendió su propuesta con una tesis simplista y populista: «Nos merecemos una carretera acorde con la ciudad que queremos proyectar», vino a decir. Para añadir, sin ningún tipo de tapujo: «Hay que prometer esperanza».

Nadie -ni oposición ni público oyentes, y menos aún periodistas presentes- se levantó en la sala y le preguntó a este alcalde luminaria cómo iba a llevar a cabo su promesa si la carretera mencionada dependía de la Diputación de Barcelona, y no del ayuntamiento, y de dónde saldría el dinero necesario para su mejora. Una promesa falsa, un engaño, un alcalde fake. Repitió en el cargo y ganó prestigio, aunque cabe pensar que no fue por una promesa imposible. Pero, ¿lo fue por mil promesas como aquella?

Asumir políticamente que una mayoría puede saltarse la ley o incumplir las normas democráticas por el simple hecho de que es, precisamente, una mayoría y así lo prometió en su momento, es uno de los mayores peligros a medio plazo que puede socavar la convivencia en estos momentos de populismos extremos. Hablar de cifras sobre los referéndums ilegales convocados por la Generalitat de Cataluña (si votó menos de la mitad, si no llegan al treinta y pico por ciento...) es aceptar un órdago independentista contra la Constitución en cada una de las convocatorias electorales legales. ¡Hasta que sean mayoría! ¡En votos y escaños!

No. La Constitución no la cambiará legal y democráticamente una parte del demos. Los que creen que se puede tumbar un Estado de Derecho y social como el creado en 1978 -que ha dado los mejores años de la historia de España en aspectos de libertad, democracia, avance social y progreso humano- solo tienen dos opciones. O bien convencen al demos de un cambio legal o bien se van al monte y toman las armas.