El coste de la desconexión

Ayer el Parlament de Cataluña aprobó en una votación más dividida que nunca una declaración de “desconexión del Estado español”, de inicio del proceso político de creación de un Estado independiente catalán en forma de república, según sus promotores, a pesar de no haber conseguido ni el 50% de los votos en el plebiscito planteado por el propio Artur Mas, y con el pretexto de dar respuesta con instrumentos de “Estado” a la emergencia social de la que CDC lleva años despreocupándose.

Una declaración que insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente las normas emanadas de esta cámara, y que negando de legitimidad de las instituciones del Estado español, cierra todas las puertas a cualquier intento de negociación para mejorar el acomodo de Cataluña dentro de España, agrava el problema de la relación entre Cataluña y el conjunto de España, y divide aún más la sociedad catalana. Un hecho que no obedece en absoluto al mandato democrático expresado en las urnas, y que plantea una ruptura con la legalidad democrática (catalana y española) que pone en grave riesgo el autogobierno catalán.

Desde la posición del PSC como principal fuerza parlamentaria de izquierdas y catalanista no independentista, no estamos dispuestos a aceptar el coste de la insubordinación que la CUP impone a CDC principalmente para conseguir una investidura que difícilmente se producirá, y que puede arrastrar a todo el país y a sus conciudadanos a unas consecuencias y efectos difíciles de calcular. No todo vale. Y por otro lado, tampoco nos merece la más mínima credibilidad el “nuevo” discurso socialdemócrata de Artur Mas, con propuestas que en la anterior legislatura su gobierno se ha negado a desarrollar con una amplia mayoría parlamentaria, contrario a su trayectoria ideológica liberal, en un intento de dejar atrás los años de “pujolismo”, el Pacto del Majéstic con el PP y también las sombras de corrupción que pesan sobre su partido, con la voluntad de aparecer, con un “nuevo Estado”, como un representante de la “nueva política”. Se intuye el final político de algunos…

El hartazgo fuera de las filas independentistas es mayúsculo. Después de jugar a equiparar erróneamente independentismo con catalanismo, ahora intentan confrontar legalidad y democracia. Y en este punto, los y las socialistas no sólo defenderemos la ley sino que, a diferencia del PP, queremos impulsar una profunda reforma constitucional fruto del diálogo que pueda responder a los anhelos de cambio y satisfacer también a una mayoría de catalanes que no se sienten suficientemente reconocidos en el actual marco, pero que buscan una salida política negociada y acordada en el marco de la legalidad.

Esther Niubó es diputada del PSC