Convoquemos el referéndum

No es cierto en absoluto que la cuadratura del círculo resulte un imposible metafísico. De hecho, el oficio de la política consiste básicamente en eso. Así, la tediosa querella catalana puede y debe conllevarse con la convocatoria de un referéndum. Puede hacerse porque su celebración para nada contrariaría lo establecido en nuestro ordenamiento legal. Y debe hacerse porque urge ya acabar de una vez por todas con la hiperlegitimación democrática de los separatistas. Algo que, guste o no, existe. Y algo que, guste o no, se sustenta sobre una premisa mayor, la del pretendido derecho a decidir. Refutarla con enunciados racionales se ha revelado empeño estéril. «No nos dejan votar», el mantra favorito de los separatistas, posee una fuerza de convicción visceral ante la que todo razonamiento argumentado que pretenda oponérsele deviene inútil.

El mal llamado derecho a decidir, es de sobra sabido, remite en última instancia a una aporía. No se puede legitimar una secesión tomando como base la mayoría en votos. Y no se puede porque el método democrático resulta incapaz por sí mismo para ofrecer una respuesta a la pregunta de quién decide. Si convenimos que es el pueblo el llamado a dirimir la disputa sobre el encaje de Cataluña en España, la cuestión inmediata que se suscita es la de cómo y quién fija los límites de ese etéreo ente colectivo, el pueblo. Un nacionalista nos respondería que, por supuesto, el pueblo en cuestión no puede ser otro más que el catalán. Pero lo diría por nacionalista, que no por demócrata. No tienen la razón, cierto, pero poco importa eso en política ¿Qué hacer entonces si la única vía para desarmarlos ideológicamente pasaría por un referéndum? Hay una respuesta sencilla: convocarlo. La reforma de la Constitución postulada por PSOE y Ciudadanos lo posibilita. Vayamos a ello, pues. Y sin temores. Será la forma de que los catalanes -y los demás españoles, naturalmente- tengan ocasión de avalar marco político por el que todos nos regimos. Porque lo ganaremos