Contra el 155

En el fondo pobres víctimas de sí mismos, nuestros libertadores de pega dan la sensación de no saber ya cómo frenar el carrilet de la Generalitat para que no termine empotrándose contra la locomotora del Estado. Así las cosas, algo procederá hacer con ellos. Instante procesal, el de la perentoria recuperación del principio de autoridad por parte de los poderes constitucionales que ahora comienza a revelarse insoslayable, ante el que demasiadas voces postulan apelar al famoso artículo 155. Voces que, con buen criterio, el Gobierno no parece demasiado predispuesto a escuchar. Con buen criterio, sí. Pues recurrir a esa vía, la que tantos acaso sin haber reflexionado mucho más de un minuto sobre el asunto parecen tener por la fórmula mágica llamada a solventar el problema, tal vez implicaría agravar la situación sin nada resolver por el camino.

Dos son las razones políticas de fondo y de forma que invitan a contemplar con suma cautela esa hipótesis, la del 155. Y es que procede no olvidar ni por un solo instante que toda la escenografía insurreccional y el “agit-prop” mediático puesto en marcha por los secesionistas tienen como objetivo prioritario condicionar la percepción que finalmente se imponga en la opinión pública internacional sobre su causa. Y desde esa muy estratégica perspectiva, la que a ellos les obsesiona, lo último que le convendría a España sería una reyerta tensa y acalorada en el Senado que airease frente al auditorio exterior grietas y divisiones entre las grandes fuerzas políticas del país, grietas y divisiones que todos sabemos que existen. La estampa plástica de los senadores del PP votando en solitario la aplicación del 155 sería simplemente demoledora a esos efectos. Pero es que aún hay un segundo argumento de peso a considerar. Porque, ante la nada descartable fractura entre conservadores y socialistas, estaría también por ver cuál sería el criterio último que fijase el Tribunal Constitucional tras un eventual recurso interpuesto por el Parlament. Muchos riesgos. Demasiados. Mejor, sin duda, la Ley de Seguridad Nacional.