El confidente policial, acusado de narcotráfico en el caso 'Macedonia': «Villarejo y Olivera nos buscaron la ruina por colaborar con la Fiscalía»
Gutiérrez Carbajo, a quien el Ministerio público pide 11 años de prisión, sostiene que su colaboración para destapar la trama de los prostíbulos Riviera y Saratoga, con policías corruptos, derivó en su imputación
Manuel Gutiérrez Carbajo fue el confidente policial que resultó clave para destapar la trama de cobro de comisiones tras los prostíbulos Saratoga y Riviera (Castelldefels, Barcelona), por la que fueron condenados un comisario jefe y dos inspectores de la Policía Nacional, quienes, a cambio de dinero alertaban a los locales de inminentes redadas. Ahora, la Fiscalía pide para él 11 años de prisión por tráfico de drogas, mientras que este asegura que el caso 'Macedonia' , por el que está siendo juzgado en la Audiencia de Barcelona, responde a un montaje: « Villarejo y Olivera nos buscaron la ruina por colaborar con la Fiscalía », ha señalado este martes ante el tribunal.
Carbajo se ha referido así una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la UDEF y comisario principal José Luis Olivera , en la que, como desveló ABC, ambos comentaron que querían destruir a un fiscal Anticorrupción, David Martínez Madero, y a un jefe de los Mossos : Josep Lluís Trapero , por aquella época intendente al mando de la División de Investigación Criminal (DIC), que se encargó de las pesquisas sobre los burdeles.
Fue otro representante del Ministerio público el que pidió a Carbajo colaborar con los Mossos para destapar la trama de agentes corruptos del CNP . Esta colaboración, ha indicado el informador -ahora imputado-, derivó en una suerte de persecución por parte de los citados mandos. « Trataron de buscarle la ruina a Trapero, a Martínez Madero que murió -sufrió un infarto en 2011-y a mí », ha aseverado.
De hecho, tal y como verificó el propio Trapero en sede judicial, Carbajo necesitó protección policial por las amenazas que recibió entonces. Además, el afectado ha indicado que compró una pistola por el temor que tenía a que Luis Gómez -el comisario condenado por la trama de los prostíbulos- le hiciese algo.
Macrocausa desinflada
El caso 'Macedonia ' también arrancó como una macrocausa contra la corrupción policial, en este caso, asociada al tráfico de drogas, pero se ha ido desinflando y, 12 años después de comenzar la instrucción, hay un solo agente imputado, un subinspector de los Mossos d'Esquadra que hoy ha defendido su inocencia ante el tribunal .
La acusación contra Josep R. trata de demostrar que los contactos que mantuvo con algunos de los otros 16 investigados responden a su presunta implicación en la trama, mientras que el uniformado defiende que eran sus confidentes, como han verificado varios mossos ante el tribunal .
Uno de estos contactos se produjo en septiembre de 2010, tras un crimen en Castelldefels, cuando un investigador del Cuerpo le pidió ayuda para tratar de localizar a sus autores . El mismo agente indicó a preguntas de la fiscal Ana Gil: «Sabemos que trata con confidentes, se preocupa por su zona y por hacer gestiones para varias unidades».
Su defensa, que ejerce José María Fuster-Fabra, también ha criticado que la División de Asuntos Internos (DAI) no haya transcrito conversaciones de las escuchas que demostrarían la inocencia de Josep R., pero esta no sería la única mala práctica de la DAI, según ha relatado el imputado.
El día que lo detuvieron, el 15 de octubre de 2010, lo trasladaron hasta Sant Andreu de la Barca y no a la comisaría de los Mossos en Les Corts, como es habitual. Allí, según su relato, lo presionaron para que cargase contra el que había sido responsable de la investigación de los burdeles, y este se negó.
Además, pese a detenerlo, no le requisaron el teléfono móvil, ni registraron su domicilio, ni su taquilla en la comisaría de Vilanova , donde ejercía como segundo al mando. «Me dijeron que no lo hacían porque sabían que no encontrarían nada», ha precisado el mosso.
Periciales sobre el patrimonio
Tampoco la pericial económica ha conseguido este martes demostrar que de las cuentas del subinspector se desprendan indicios de cualquier actividad delictiva . Percibía su sueldo como funcionario de la Generalitat y había suscrito un préstamo hipotecario para adquirir la vivienda familiar, que saldó antes de tiempo, a cuenta de sus pagas extraordinarias, ha verificado el perito ante la Sala.
Sobre su inversión en preferentes y la titularidad que ostentaba su madre, él mismo ha explicado -entre sollozos- que vendieron un piso familiar para luego comprar acciones.
El «viacrucis» del subinspector
En el plano personal, Josep R. ha relatado ante la Sala el «viacrucis» que han supuesto estos 12 años de instrucción . «Me tuvieron dos meses en prisión, un año suspendido de empleo y sueldo, y otro desarmado y sin uniforme», ha indicado.
Tampoco pudo opositar para ascender en su carrera profesional. Además, ha denunciado el acoso que ha sufrido su familia durante todo este periodo. «Mi hermana, mi madre y mi difunta esposa...nunca se recuperaron de esto. Para ustedes -ha dicho a las magistradas- no tiene importancia, pero a mí me están matando la vida », ha concluido.
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