Condenan a la Universidad de Barcelona por vulnerar la «neutralidad ideológica» al apoyar a los «presos»
Una juez acusa al centro de atentar contra el derecho a la libertad ideológica, de expresión y de educación al posicionarse su claustro a favor de la libertad de los encarcelados por el «procés»
El fallo obliga a la universidad a publicar la sentencia íntegra en su web oficial durante un mes
Una semana después de la sentencia del procés , con la herida aún sangrante en el independentismo, las universidades catalanas dieron un paso al frente y firmaron un manifiesto conjunto en el que reivindicaban la libertad de los presos del procés y cuestionaban la imparcialidad del poder judicial. Siete centros públicos -la Universidad de Barcelona (UB), la Autónoma de Barcelona (UAB), la Pompeu Fabra (UPF), la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, la Universidad de Lérida (UdL) y la Politécnica de Cataluña (UPC)- secundaron en sus respectivos claustros el polémico documento, que fue replicado con contundencia por el frente constitucionalista. Días después los representantes de los claustros dieron un paso más y entregaron el documento en mano al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
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La plataforma Universitaris per la Convivència denunció la gravedad del pronunciamiento ante el Defensor del Pueblo y también en una carta abierta a los rectores, que fue secundada por 800 profesores y que recibió el apoyo explícito del entonces ministro de Universidades, Pedro Duque, en la que les advertían de que con su posicionamiento público se vulneraban derechos fundamentales. Finalmente llevó su denuncia a los tribunales.
«Se abre la veda judicial»
Ahora, una juez de Barcelona condena a uno de estos centros, la UB, la universidad de mayor peso en Cataluña, por vulnerar principios fundamentales e n un fallo pionero que «sentará precedente, ya que abre la veda a pronunciamientos judiciales similares en caso de que las universidades incurran en lo mismo y sean denunciadas», según apunta en declaraciones a ABC el profesor Ricardo García Manrique , miembro de Universitaris per la Convivència, integrante del claustro de la UB, y uno de los firmantes de la demanda a la que responde el pronunciamiento judicial. El fallo obliga a la Universidad de Barcelona a asumir los costes del proceso judicial y a publicar la sentencia durante un mes en su página web oficial.
La UAB también vulneró derechos fundamentales
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB ), el otro gran canpus catalán, fue condenada también en mayo de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por atentar contra derechos fundamentales y discriminar por razón de opinión al impedir incribirse en el registro de asociaciones de la universidad a la asociación constitucionalista «S'ha Acabat».
En el veredicto de ahora de la UB, con fecha de 30 de septiembre de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona condena a la Universidad, cuyo rector es Joan Elias, por vulnerar el dereccho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos últimos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, considera que la universidad ha infringido su deber de neutralidad y estima en su integridad la demanda presentada por cuatro profesores del colectivo Universitaris per la Convivència y un alumno, declarando la nulidad de pleno derecho del acto de aprobación del manifiesto , y obligando a la Universidad a publicar la sentencia en su página web durante un mes. Los demandantes son el catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique , el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas , la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba , el catedrático de Ciencia Política Rafael Martínez, y el estudiante de Relaciones Laborales Daniel Tolosana . Muchos de ellos, a nivel particular y desde la plataforma Universitaris per la Convivència, llevaban años denunciando la «progresiva implantación de un pensamiento único en los campus catalanes», tal como informó ABC en su edición del 4 de noviembre de 2019.
Justicia cuestionada
Los hechos demandados se remontan al 21 de octubre de 2019 cuando el Claustro de la UB aprobó el «Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política». El texto validado por el órgano de máxima representatividad de la UB calificaba de injusta a la sentencia y « exigía (sic) la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas , el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas». Asimismo, rechazaba «la represión y la violencia policial» y denunciaba que «los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva y la condena por sedición» , incurriendo así en una «deriva autoritaria» que «criminaliza la disidencia».
Antes de la celebración del claustro, uno de sus integrantes, Ricardo García Manrique, había solicitado a la Mesa la anulación de la convocatoria por entender que la aprobación del manifiesto excedía el ámbito competencial del claustro y sobre todo vulneraba la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la Universidad (profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios), al atribuirle a esta en su conjunto una opinión política determinada, « ofreciendo una imagen de unidad que no se corresponde con la pluralidad realmente existente y que puede condicionar el libre desarrollo de las ideas de cada uno», denuncia el catedrático en declaraciones a ABC. Su petición fue desestimada y el documento fue aprobado por amplia mayoría. Los hechos motivaron la interposición de la demanda.
«Deber de neutralidad»
La sentencia empieza por recordar que la Universidad no es una institución de representación política y que, en tanto que institución pública, está sometida al deber de neutralidad. Este deber implica que «la Universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente».
Invoca, asimismo, la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas , y, «por ello, el referido Manifiesto no puede tener cobertura en la libertad ideológica y de expresión», tal como alegaba la Universidad.
El fallo establece que la exigencia de neutralidad es precisamente la condición de ejercicio de tales libertades por sus genuinos titulares, que no son sino los individuos, profesores y alumnos en este caso. Sin tal neutralidad, se incurre, según apunta, en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias . Según apunta la juez, la neutralidad «es, por tanto, un medio orientado a la defensa y promoción de la libertad ideológica, en particular, y de los demás derechos y libertades públicas, en general».
Promueve valores contrarios a la Constitución
El derecho a la educación también resulta vulnerado, por cuanto la defensa por parte del Claustro de actos declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal no solo infringe el deber de neutralidad ideológica, sino que «dificulta el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la Universidad». Esto es así, según denuncia Universitaris per la Convivència, porque «se promueven valores y concepciones ideológicas que son contrarias a los ideales que inspiran la Constitución vigente , como son el imperio de la ley, la separación de poderes y la igualdad política de todos los ciudadanos, según denuncian los demandantes».
Ricardo Garcia, uno de los demandantes, lleva años batallando desde su propia universidad para que se respete la pluralidad ideológica en los campus. Con la sentencia aún caliente en sus manos, este catedrático expresa su satisfacción por el fallo pero reconoce un «sentimiento agridulce por tener que demandar a tu propia universidad». El catedrático destaca lo pionero del fallo, ya que «es la primera vez que la justicia condena a una universidad por atentar contra la neutralidad ideológica y vulnerar derechos fundamentales». «En lo esencial, supone que se ha acreditado judicialmente que las universidades no pueden adoptar una posición política partidista», señala García. «A partir de ahora, cualquier manifestación política de una universidad pública es suceptible de ser demandada» , concluye.
Un fallo «demoledor»
Universitaris per la Convivencia subraya la contundencia del pronunciamiento. «Es un fallo demoledor que descarta todos y cada uno de los argumentos que la Universidad alegó en su defensa. Con esta condena resulta judicialmente acreditado que una errónea comprensión del principio democrático puede llevar a las universidades a actuar en contra de sus propios valores, llegando hasta el punto de menoscabar la libertad ideológica y de expresión de todos los que la integran y de poner en peligro la formación cívica de sus alumnos», indica la plataforma, que considera la sentencia como «un espaldarazo importantísimo» a sus reivindicaciones en defensa «de una universidad que no ha de pronunciarse en nombre de todos», sino «estimular el conocimiento y fomentar el espíritu crítico».
Universitaris per la Convivència remitirá el fallo a todos los rectores catalanes, reclamándoles que velen para que, en adelante, no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de los diferentes miembros de la comunidad universitaria
Precedentes que responden a otras instituciones
Esta sentencia se une a otras precedentes de diversos órganos jurisdiccionales que, en los últimos tiempos, han reafirmado el deber de neutralidad de las instituciones públicas, censurando su uso partidista, sean gobiernos autonómicos, ayuntamientos o colegios profesionales. «La justicia se ha pronunciado antes en sentido similar respecto a instituciones como el Colegio de Abogados (el TSJC obligó a la institución, en diciembre de 2016, a abandonar el Pacto por el Derecho a Decidir al entender que sea adhesión "vulneraba la libertad ideológica" de los colegiados) o varios ayuntamientos. Va también en la línea del reciente fallo del TS que ha inhabilitado al President Torra», recuerda la plataforma.
La Universidad de Barcelona puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en una fase ulterior al Supremo . «Ahora le toca a la UB aportar argumentos que demuestren que la sentencia es contraria a derecho», concluye.
