Manuel Marín - Análisis
Condena muy barata
«En Cataluña se juzgaba un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, del que se dudó de su claridad a la hora de prohibir expresamente aquella consulta»
La sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Artur Mas a dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público no hace sino imponer la lógica respecto a su evidente acto de desobediencia al Tribunal Constitucional, cuando se le prohibió expresamente promover la consulta-trampa del 9-N a favor de la independencia. Es cierto que el Tribunal ha sido benévolo al desoír la petición del fiscal de elevar hasta diez años el periodo de inhabilitación, y al absolver a Mas del delito de prevaricación administrativa. Pero en Cataluña no se estaba juzgando la expresión de una idea secesionista , ni si debe autorizarse o no una consulta popular a la medida de Artur Mas. Se juzgaba un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, del que se dudó de su claridad a la hora de prohibir expresamente aquella consulta. Evidentemente, el Tribunal tenía nulas opciones para no condenar a no ser que echara por tierra toda la doctrina sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento inmediato y ejecutivo a las resoluciones del Constitucional. Ni aquel fallo del TC era confuso, ni el desacato tenía más solución que la condena.
Esta sentencia no es firme aún , pero no deja ningún resquicio a que la Sala Penal del Supremo condene en próximas semanas a Francesc Homs, quien no se sentó en el banquillo de Cataluña con Artur Mas por ser aún diputado nacional en el Congreso y estar aforado ante el Supremo. Pero desde ahora, Homs ya puede intuir cuál es su futuro . La principal duda que se abre ahora es desde qué momento estará vigente su pena de inhabilitación: si desde ahora mismo que se le ha comunicado la condena, o si lo será desde que el fallo sea firme, para lo cual debe transcurrir como mínimo un año y medio aproximadamente.
Esta circunstancia es relevante en la medida en que Mas está pugnando en el seno del PdeCat, el partido que ha sucedido a la extinta Convergencia, por ser el candidato en las elecciones autonómicas que puedan celebrarse cuando el Estado prohíba taxativamente la celebración del referéndum independentista al que se ha comprometido Carles Puigdemont como máximo en septiembre. Si la inhabilitación de Mas queda en el aire hasta que la sentencia sea firme, podrá presentarse, pero si llega a confirmarse su pena, o a ampliarse —es factible en el Supremo—, se vería obligado a dejar automáticamente su cargo, fuese el que fuese : diputado en el Parlament o, incluso, presidente de la Generalitat. La crisis política y de poder en Cataluña se perpetuaría tóxicamente. En cambio, si esa inhabilitación adquiriera firmeza desde ahora mismo —lo cual es altamente improbable—, no podría concurrir en ninguna lista.
En cualquier caso, ya es oficial que Artur Mas delinquió. Delinquió al desafiar al Tribunal Constitucional con una lucha de legitimidades que nuestro ordenamiento jurídico resolvió hace mucho tiempo. Y delinquió al arrastrar a otros cargos públicos hacia una deriva política que jurídicamente es imposible de poner en pie . Y delinquió al desobedecer al Tribunal Constitucional como máximo garante de los derechos de todos los catalanes y, por supuesto, de todos los españoles.
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