Cláusulas suelo, sí, pero no

El pasado mes de julio el abogado general de la UE sorprendió a propios y extraños al hacer público un largo auto de 28 páginas, según el cual el sector financiero español no tenía que devolver todo lo cobrado en las cláusulas suelo de las hipotecas.

De hecho, El Tribunal Supremo ya dictaminó que esas cláusulas eran abusivas, pero, sorpresivamente, permitió que las entidades bancarias sólo devolvieran las cantidades cobradas de más desde la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013. Eso hizo que los afectados acudieran a la justicia europea con la esperanza de que ésta fallara la devolución de todo el dinero cobrado de forma inadecuada.

Ahora, por fin, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto las cosas en su lugar. Según sentencia del 21 de diciembre de 2016, todas las clausulas suelo hipotecarias son nulas desde que se firmaron. En consecuencia, los bancos han de devolver todo el dinero cobrado por ese concepto desde el primer día y no sólo desde 2013, como falló el TS.

Eso ha hecho que el Gobierno pacte un mecanismo extrajudicial con PSOE y Ciudadanos que articula la devolución de los dineros cobrados indebidamente por la banca. El mismo, ha sido publicado en forma de Real Decreto. Se pretende evitar así el colapso de los juzgados, ante la más que previsible marea de demandas que iban a presentar los afectados. La sentencia del TJUE pone en entredicho, entre otros, al TS, al Banco de España y al Gobierno que, en su momento, por acción o por omisión, se colocaron al lado del fuerte, los bancos; minusvalorando al débil, los hipotecados.

Bienvenido sea el mencionado mecanismo. No obstante, como han admitido en el propio Ministerio de Economía, «solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación para llegar a acuerdos». Este Real Decreto, abre la puerta a una distinción entre cláusulas suelo «buenas» y «malas». Además, contradice abiertamente la sentencia de TJUE que ha declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en los contratos con los usuarios de España. Por consiguiente, no nos debería extrañar que cientos de miles de afectados se vean obligados a ir a los juzgados para salvar guardar sus legítimos intereses. Sin embargo, eso, supondría, un grave fracaso del procedimiento extrajudicial ideado por el Gobierno. Y sería muy lamentable.