Juan Carlos Valero - Letras Expectativas
Cenicienta del Estado
Muchos jueces sostienen que los políticos mantienen una Justicia lenta y desprestigiada para poder controlar su poder
La diferencia más evidente entre una delegación de Hacienda y un Juzgado es que la primera está conectada y dotada de la tecnología más avanzada, mientras en la administración de la Justicia todavía se trabaja con carpetas de cartón, que se amontonan en archivos decimonónicos.
El lunes, Nati Villanueva informaba desde estas mismas páginas del caos informático en el que se ven sumidos los juzgados de nuestro país desde la implantación de las comunicaciones electrónicas. Sucede la paradoja de que los procedimientos, lejos de acortar los plazos, los alarga. Con la transferencia de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas, en España hay en estos momentos un reino de taifas informático, con nada menos que ocho sistemas de gestión procesales distintos, algunos totalmente incompatibles entre sí y con la nueva plataforma.En el caso de Cataluña, el programa E-justicia.cat está provocando graves problemas en los juzgados civiles y sociales, según denuncian los sindicatos del sector.
Los programas pretenden digitalizar los juzgados con la aspiración de llegar al expediente electrónico. No conozco el importe de la inversión en semejante plataforma, pero a decir de las quejas que provoca y los fallos del sistema que fuerza a continuos reinicios, parece que se ha malgastado el dinero público. Sobre todo porque no se ha logrado el objetivo del expediente digital y por ello se sigue imprimiendo en papel, incluso más que antaño.
Muchos jueces sostienen que los políticos mantienen una Justicia lenta y desprestigiada para poder controlar su poder, el único cuya titularidad es individual y no está sujeto a la periódica renovación de su mandato por la votación de sus conciudadanos.
Resulta harto difícil escuchar a un político prometer más inversiones en Justicia y algunas leyes, como la de Enjuiciamiento Criminal, datan del año 1882, porque lo que se ha hecho hasta ahora han sido reformas parciales, apreciables por lo mal que están redactadas. Igual ocurre con la posibilidad que tienen los distintos Gobiernos de indultar, amparados en una ley aún más antigua, de 1870.
La nueva revolución democrática que muchos demandan y que supone listas abiertas y el control del poder financiero, entre otros aspectos, no será posible sin el concurso de una Justicia que deje de ser la Cenicienta del estado.
