Cataluña crea la comisión que avalará la aplicación de la eutanasia

Cataluña ya tiene todos los mecanismos activados para poder desarrollar la Ley de Eutanasia. La Generalitat aprobó hace casi un mes el Decreto Ley para crear la Comisión de Garantía y Evaluación que tiene que seguir la aplicación de la eutanasia y aunque el circuito ya estaba en funcionamiento para abordar posibles casos quedaba la gran incógnita de saber quiénes estarán en este órgano.

Los nombres se han conocido esta semana. La comisión estará presidida por Albert Tuca Rodríguez , que tiene "una amplia y consolidada trayectoria" en el acompañamiento a personas en el final de la vida, aseguran fuentes del departamento de Salud. La vicepresidencia la ocupará Francesc José María Sánchez, con experiencia en el derecho sanitario, y el secretario de la Comisión será Josep Maria Busquets Font.

El presidente designará dos miembros , un miembro y un jurista, para abordar cada solicitud. Ellos deberán verificar si se cumplen los requisitos de la Ley y emitirán un informe. Cuando no lleguen a un acuerdo, será el Plenario de la Comisión quien aprobará o denegará la posibilidad de recibir la ayuda.

El resto de la comisión lo conforman profesionales de medicina, enfermería, psicología y derecho sanitario que tengan experiencia en la atención primaria, hospitalaria o la salud mental y la mitad de ellos serán designados por los colegios profesionales. Además, la Generalitat quiere que también estén presentes expertos en trabajo social y representantes de la sociedad civil y todos ellos deberán tener formación en bioética. “El objetivo es evaluar con carácter previo y posterior el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la prestación de la ayuda para morir y resolver por la vía administrativa las reclamaciones que se planteen”, defendió la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, recientemente.

Desde el Govern recuerdan que un interesado en la eutanasia tiene que formular varios pasos previos, empezando pro la comunicación con su profesional sanitario de referencia, hasta que su caso llegue a la comisión que lo avale. Los procesos pueden durar hasta 45 días , añaden.

Además, el gobierno catalán también ha activado el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para “recoger y custodiar, de manera confidencial, los datos personales de los profesionales sanitarios que no quieran ayudar a enfermos terminales a morir. La Generalitat contempla, sin embargo, que para la objeción de un caso concreto no hará falta estar inscrito en el registro.