Cataluña aprueba el decreto que «asfixia» a la concertada con los mismos instrumentos de la ley Celaá
La aparta de la planificación de la oferta educativa y le obliga a asumir más alumnos desfavorecidos con una compensación que el sector ve «insuficiente»
El decreto catalán deja sin subvención pública a las escuelas que separan por sexo al considerar el modelo «discriminatorio»
Se confirman los peores presagios para la escuela concertada en Cataluña. El gobierno autonómico ha dado hoy luz verde al primer decreto de «asfixia» a estos centros -está gestando otro que cambiará las condiciones para acceder a la financiación pública- que reproduce, con prácticamente los mismos argumentos que utiliza la "ley Celaá", medidas para apartarlos de la planificación educativa y obligarlos a asumir más alumnado desfavorecido sin, según denuncian, «dotarlos de una financiación suficiente». Generalitat y Ministerio han ido, según mantiene la Generalitat, de la mano en su replanteamiento del papel de la concertada en el sistema educativo.
«Ha habido un flujo recíproco de contenidos entre la ley estatal y la catalana en cuanto a la lucha contra la segregación», precisan fuentes del departamento que dirige Josep Bargalló (ERC) y añaden que algunos de los preceptos que llevan años gestándose desde Cataluña para elaborar la norma «han influido» en la Lomloe . Otra consecuencia que tendrá el polémico decreto, que entrará en vigor el próximo curso 2021-2022 y se inspira en el Pacto contra la Segregación impulsado por el Síndic de Greuges y consensuado por el sector, es la retirada de la subvención pública a las escuelas que separan por sexo, al entender que es un modelo «discriminatorio».
El motivo de los cambios impulsados en la norma autonómica, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), es combatir la segregación escolar y garantizar un reparto equilibrado del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una situación socioeconómica desfavorable. El decreto estima, en su memoria económica, que este alumnado se triplicará desde los 65.000 estudiantes actuales hasta los 215.000 en cinco cursos .
De 500 a 988 euros por alumno vulnerable
Actualmente, la escuela concertada escolariza a un 23% de estos alumnos y la consejería pretende elevar el porcentaje hasta el 32%. Para ayudar al sector en esta corresponsabilidad exigida, el decreto establece aumentar la financiación a estas escuelas, un incremento presupuestario que las escuelas concertadas, que desde un principio han visto la norma como «una amenaza a su continuidad» , consideran «totalmente insuficiente».
En virtud del decreto, el próximo curso se aumentará de unos 500 a 988 euros la aportación suplementaria anual a los centros concertados por cada alumno vulnerable que escolaricen, y en el caso de los públicos, se irá aumentando progresivamente, empezando por 320 y terminando en 641 euros al cabo de unos años. No obstante, no todos los centros optarán a estos aumentos, sino únicamente los que asuman un mínimo del 10% de alumnos en situación de pobreza.
El decreto prevé un impacto presupuestario de 162 millones de euros al cabo de 5 años , 92 para los centros públicos y 70 para los concertados; para el curso 2021/22 se destinarán 37 millones. "No es dinero suficiente, sobretodo teniendo en cuenta que el informe que hizo el Síndic de Greuges establecía que debía aumentar en más de 1.000 euros anuales la financiación al sistema educativo", señala el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel), Josep Manuel Prats . El sector teme también que la partida anunciada por el Govern no acabe materializándose por la "inestabilidad presupuestaria"
La administración toma el control
Para garantizar una distribución equilibrada del alumnado y evitar guetos en la pública, la norma catalana da un giro al actual modelo de preinscripción, dejando solo en manos de la Generalitat y los ayuntamientos la planificación de la oferta educativa . La escuela concertada considera que el hecho de que sea la administración la que planifique y no sean los centros los que ofertan y la demanda social la que acabe cerrando el proceso, «vulnera el derecho de las familias a la elección de centro» . Así lo denuncia en declaraciones a ABC Josep Manuel Prats . A su juicio, la nueva norma autonómica, en la misma línea que la estatal, «no tiene en cuenta la demanda social» a la hora de planificar la oferta.
El artículo 109.2 de la LOE actualizada por la Lomce señala que «las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza (...)tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social». La nueva ley educativa (Lomloe) elimina, sin embargo, la "demanda social" de las familias como criterio para planificar los puestos escolares, dando margen a las comunidades para «abrir o cerrar centros sin tener en cuenta las necesidades de los padres, o sea la demanda social», según advierten en declaraciones a ABC desde la concertada. «Está claro que si hay que cerrar aulas ellos decidirá que se cierran en la concertada», señalan.
Otros aspectos novedosos del decreto son que, por primera vez, legisla sobre la llamada "matrícula viva" -la que se produce una vez finalizada la preinscripción-, una práctica muy relacionada con las familias inmigrantes que llegan a Cataluña a medio curso y que tienden a concentrarse en los centros de máxima complejidad, y obliga a los municipios de más de 10.000 habitantes a establecer, en un plazo de nueve meses, las llamadas "zonas educativas", que actuarán como unidades de referencia para programar la oferta educativa, con el objetivo de evitar que se formen guetos. La norma contempla también la limitación de las ratios profesor-alumno para garantizar un reparto equitativo de alumnado entre los centros de una zona educativa y la posibilidad de realizar peticiones colectivas de matriculación.
Por otra parte, el nuevo decreto excluye a la escuela que separa por sexos del concierto -una resolución de la Generalitat les garantizaba un año más de concierto- porque consiera que es «una forma de discriminar al alumnado» y «tampoco incluye ninguna alusión a que la obligación legal de impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano». Por eso, Ciudadanos presentó alegaciones a la normativa.
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