El Ayuntamiento revoca las sanciones al fondo inmobiliario que se querelló contra Colau por coacciones

Menos de una semana después de que la Audiencia de Barcelona imputase a la alcadesa   Ada Colau por presunta prevaricación y coacciones al fondo inmobiliario Vauras Investments , el Ayuntamiento ha revocado el expediente sancionador que había emitido contra éste por negarse a ofrecer un alquiler social a los okupas que se habían instalado en varias de sus propiedades.

Según informa a ABC la abogada del fondo, María José Tarancón, ha sido este lunes cuando el consistorio ha notificado el reintegro de las cantidades embargadas por las seis sanciones , que ascendían a unos 400.000 euros. Una penalización que el Ayuntamiento no llegó a ejecutar.

Fue a principios de abril cuando un juzgado de lo contecioso anuló una de las seis sanciones, que ascendía a unos 70.000 euros, después de que la promotora rechazase ofrecer una alternativa habitacional a los allanadores. Un requisito del Gobierno municipal, que se amparó en varios artículos de la Ley del derecho a la vivienda que luego anuló el Tribunal Constitucional, al considerar que suponían un ataque al derecho a la propiedad y una vulneración en materia de derechos.

Además de esta victoria en los tribunales, el pasado 25 de abril la Audiencia de Barcelona admitió a trámite de forma parcial la querella de Vauras Investments contra el Ayuntamiento al considerar que las sanciones impuestas pudieron obedecer a la «espuria consecuencia» del consistorio y que éste pudo recurrir a la «amenaza» de no conceder licencias de obra a la promotora como «mecanismo intimidatorio» para que ésta se «plegase a sus pretensiones».

Esta decisión judicial llegó tras un recurso de apelación, habiendo sido archivada dicha querella por el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona en noviembre de 2020. Tras conocer la imputación de Colau, así como de Marc Serra, concejal de Sants-Montjuïc; de Lucía Martín, edil de Vivienda, y Fuensanta Alcalá, responsable de Vivienda e Inspección, desde el Gobierno municipal alegaron haber cumplido la normativa vigente de forma «escrupulosa ».

«De lo que se nos acusa es de aplicar la legislación de vivienda, que protege los derechos de los vecinos. No podíamos hacer nada más que aplicarla. Tanto por convicción como por obligación legal », reprochó Serra en una rueda de prensa. Solo una semana después, el consistorio ha revocado el expediente sancionador, mientras que Vauras Investments sigue adelante con la querella y exigirá el pago de las costas judiciales.