El Ayuntamiento de Barcelona investiga posibles irregularidades en el IMI
La Oficina de Transparencia analizará presuntas contrataciones irregularas y facturas de 1,4 millones de euros
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una investigación para revisar la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) en los años 2014 y 2015 tras conocer que hay facturas pendientes de pago por valor de 1,4 millones de euros por importes no reconocidas en el ejercicio que les correspondían y contrataciones de personal externo presuntamente irregulares .
Según ha informado hoy el ayuntamiento en un comunicado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha encargado a la Oficina de Transparencia y Buenas prácticas del Ayuntamiento analizar los procedimientos por los cuales este organismo municipal ha llevado a cabo su gestión económica y financiera durante ese tiempo.
El consistorio ha abierto un expediente « para determinar y exigir, en su caso, responsabilidades de todo orden que puedan derivarse de la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria y sin utilización de los procedimientos establecidos legalmente».
El expediente analizará «el cumplimiento de la legalidad en la contratación de personal y de servicios según la ley de Contratos del Sector Público, así como con respecto al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común», ha informado el consistorio.
Esta voluntad de revisión arranca a partir de un informe de los servicios técnicos del IMI que constató la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores al instituto por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían .
Una primera auditoría realizada por los servicios municipales apunta «una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, sin considerar la oferta del mercado y con riesgo de fraccionamiento contractual, al tiempo que marca también posibles irregularidades en la contratación de personal externo».
La alcaldesa ha nombrado por decreto también dos responsables de Intervención y Servicios Jurídicos municipales como instructores del expediente y al cargo de la actuación administrativa de oficio en caso de detectarse alguna irregularidad. El decreto también prevé dar cuenta al primer plenario del Consejo Municipal de la resolución de este expediente.
