De Aragón a Venezuela pasando por Panamá

A iniciativa del Gobierno autonómico, las Cortes de Aragón están tramitando un Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. Junto a iniciativas interesantes en materia de buen gobierno y evaluación de políticas públicas, el mencionado proyecto incluye medidas más que discutibles. Entre éstas destacan la creación de una Agencia de Integridad y Ética Pública, a la que junto a otras funciones se le atribuye la de «investigar los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal», así como «instar la iniciación de los procedimientos que procedan para depurar las responsabilidades a que pudiese haber lugar», previendo el proyecto que en el ejercicio de sus funciones de investigación e inspección «la Agencia puede acceder a cualquier información que se halle en poder de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación». A su vez, se faculta al personal investigador de la Agencia a personarse en oficinas y dependencias públicas, practicar una especie de detenciones para interrogar a sospechosos, acordar la realización de copias de la documentación obtenida, etc. En otras palabras: se atribuyen a la Agencia funciones de carácter semipolicial, y aunque es evidente que en esas funciones puede haber incidencia en derechos fundamentales de las personas el proyecto de ley no prevé la necesidad de contar con una resolución judicial que autorice la injerencia en la esfera privada de los ciudadanos.

Como puede verse, tras el pacto del PSOE con Podemos para formar gobierno en Aragón la izquierda no ha tardado ni un año en idear un mecanismo de depuración de la administración pública de carácter populista: con el noble propósito de hacer efectiva la ética pública y luchar contra la corrupción, se entregan a una Agencia (dependiente del parlamento autonómico) poderes de investigación sin control judicial, con funcionarios facultados para hacer registros, practicar interrogatorios e incautar documentación pública o privada (de cuentas bancarias), así como con capacidad de hacer comparecer a los investigados ante una Comisión de investigación del parlamento autonómico, que actuaría como una especie de tribunal político para efectuar juicios paralelos a los que puedan realizar los órganos jurisdiccionales.

Con todo, la cuestión principal no es la pulsión totalitaria que demuestra este proyecto. Es sabido que pertenece a la esencia del populismo el intento de dar soluciones sencillas a problemas complejos, y aprovechar la existencia de problemas reales (muchas veces no suficientemente atacados por las fuerzas políticas del sistema constitucional) para desmontar los procedimientos establecidos que permiten el sometimiento del poder al Derecho. El principal riesgo de este tipo de iniciativas está en que, ante la sensación de impunidad creada por la multiplicación de escándalos de corrupción, desaparezca de la conciencia ciudadana la importancia de la primacía del Derecho en la ordenación del poder político y en la actuación del mismo para alcanzar el interés general.

De ahí que sea tan grave lo conocido esta semana acerca de los papeles de Panamá. Del mismo modo que fue la renuncia a luchar efectivamente contra la corrupción por parte de los partidos clásicos lo que abrió la puerta al chavismo, sucesos como los revelados en esos papeles, que contribuyen a desmoralizar a la opinión pública, pueden tener el efecto de inmunizar a los ciudadanos ante los riesgos del populismo. Para revertir esta situación no bastan, aunque sean imprescindibles, reformas legislativas como las aprobadas a lo largo de la legislatura pasada, sino que se requiere asimismo una práctica política en la que se den las costumbres y convenciones con las que se articula la democracia representativa: asunción de la responsabilidad política sin necesidad de que se acredite responsabilidad penal, control político de la acción del poder, renuncia de los partidos a monopolizar el espacio público y a ocupar todas las instancias administrativas, política de nombramientos que garantice la neutralidad e independencia de los órganos de control (como el Tribunal de Cuentas, la Comisión de Mercados y Competencia), etc.

Y es que, aunque el remedio populista es peor que la enfermedad partitocrática, se alimenta del resentimiento que genera la corrupción impune. De modo que si no queremos acabar en Venezuela, más vale que nos pongamos a trabajar para corregir todos los Panamás que nos asolan.

PABLO NUEVO ES ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL