Un juez investigará quién espió a Òmnium con Pegasus

El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona indagará si intervinieron los teléfonos de Marcel Mauri, Elena Jiménez y Merixtell Bonet para, en caso de ser así, identificar a los autores

Comunes e independentistas fuerzan una investigación sobre los ministerios del PSOE en el Parlamento catalán

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, junto al antiguo líder de la entidad Jordi Cuixart EFE

Elena Burés

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El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona ha admitido de forma parcial la querella para investigar quién espió a Òmnium Cultural con el programa Pegasus. El juez indagará así si con la instalación del software se cometió una violación del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los afectados . En este caso, el exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri; de la responsable del área Internacional, Elena Jiménez Botías, y de la pareja de Jordi Cuixart, Meritxell Bonet.

A pesar de ello, según detalla el auto al que ha tenido acceso ABC, el juzgado desestima investigar a la empresa israelí NSO , dueña del software espía, al considerar que «crear un programa informático, sea cual fuere su finalidad, es completamente independiente del uso que le puedan dar los adquirientes, porque quedaría fuera de su control dicha utilización».

Además, el juez recuerda que, al tratarse de una empresa extranjera, Instrucción no tiene competencias para investigarla. Lo que sí se encuentra dentro de su jurisdicción, apunta, es la supuesta colaboración que se produjo en España durante el uso del programa espía para interceptar las comunicaciones de los afectados.

Al igual que la Fiscalía, Instrucción 21 concluye que debe investigarse el espionaje a los querellantes, y por ello insta a analizar sus teléfonos móviles para determinar si en ellos se instaló o no el programa espía y, en caso de ser así, « proceder a la identificación de los autores ».

Además del análisis de los terminales, el juez Ignacio Sánchez Garcia-Porrero pide recabar el informe pericial de los mismos, con igual intención: poder conocer quién se encuentra detrás del espionaje. El objetivo es tratar de localizar «trazas de la instalación de programas que permitan el acceso remoto y secreto a los terminales por terceros», así como averiguar la «cantidad y tipo de datos extraídos» de los móviles, y el origen y destino de las conexiones.

Esta es la primera querella que admite la Justicia en relación al espionaje a políticos y activistas independentistas. El 'Catalangate', que destapó 'Citizen Lab', apuntaba que los Servicios Secretos españoles habían instalado el programa Pegasus a más de 60 representantes soberanistas. Por su parte, el CNI admitió haber espiado, con orden judicial, solo a 18, entre ellos, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès .

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