Absuelto de fraude a Hacienda Ildefonso Falcones

La Fiscalía pedía seis años de cárcel y una multa de un millón y medio de euros para el escritor

Ildefonso Falcones, en una imagen de archivo / EFE

Elena Burés

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El Juzgado Penal 25 de Barcelona ha absuelto al escritor Ildefonso Falcones y a su mujer, Carmen Rosich, de tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública en sus declaraciones de la renta entre 2009 y 2011.

Por dichos ilícitos, en sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pedía para Falcones seis años de cárcel y una multa de un millón y medio euros para él y su esposa, también procesada como supuesta cómplice. El ministerio público le acusó de fingir la cesión de los derechos de autor de algunas de sus novelas para defraudar al fisco con la creación de sociedades «pantalla», ubicadas en territorios de baja o nula tributación para dejar de pagar impuestos en España.

Según la acusación, ese sistema le habría permitió defraudar 520.522,07 euros en 2009, otros 223.691,68 euros en 2010 y 71.320,16 euros en 2011. El escrito indicaba que durante estos tres ejercicios, los ingresos económicos del matrimonio estuvieron constituidos «en su mayor parte» por los rendimientos de la explotación de los derechos de autor de Falcones sobre sus obras ' La Catedral del Mar ', 'La Mano de Fátima' y 'La Reina Descalza'.

En el juicio, celebrado el pasado junio, el escritor negó tener bienes a nombre de sociedades para ocultar así que eran suyos y aseguró que era su hermano Rafael, ya fallecido, quien gestionaba los beneficios de los derechos de autor de sus novelas .

Acusación «absurda»

En su fallo, la juez señala que «resulta totalmente absurdo pensar que en noviembre de 2004 Ildefonso Falcones cediera los derechos de autor de 'La Catedral del Mar' a Bufete Falcones SL previendo el éxito de la novela, con el fin de crear un futuro entramado de empresas en el extranjero para evadir impuestos a la Hacienda Pública». Primero, tal y como alegó el propio escritor, porque la obra había sido rechaza por distintas editoriales -Planeta, entre otras-.

Segundo, prosigue el fallo, porque tras firmar Falcones un contrato con la editorial Random House, era imposible esperar el éxito internacional que alcanzó la obra y, por último, porque el escritor formaba parte de la sociedad -el bufete-, aún siendo su esposa la administradora. «La crearon ellos, como matrimonio, para realizar su actividad económica, inicialmente en el ejercicio de la abogacía, por lo que la cesión de derechos a la sociedad no supuso alejar los beneficios de la persona del autor , ya que quedaban en el ámbito familiar, tratándose de una cesión absolutamente legal».

«¿Por qué una cesión de derechos por parte de Ildefonso Falcones a una sociedad familiar, con domicilio social y tributación en España, y que ha sido considerado válido por la Hacienda pública durante más de 10 años deja de considerarse válido y pasa a considerarse simulado?», cuestiona la juez en su fallo.

Es más, la titular del Juzgado Penal 25 de Barcelona también reprocha la «desidia» por parte de la acusación particular y la pública para calcular las cantidades supuestamente defraudadas , que en un inicio fijaron en una cifra muy superior. Además, apunta que, en base a los informes tributarios, las acusaciones deberían haberse ceñido a dos ejercicios económicos -2009 y 2010- y no a tres y, por tanto, solicitar apertura de juicio oral únicamente por dos delitos contra la Hacienda Pública. «Lo que no es banal, teniendo en cuenta que la solicitud de pena por cada uno de ellos es de tres años de prisión», indica.

Con todo, el fallo señala que no cabe considerar simulado el contrato de cesión entre Ildefonso Falcones y Bufete Falcones S.L. por 'La Catedral del Mar' y, en «una interpretación de los indicios favorables a reo», tampoco el contrato que este suscribió el 1 de enero de 2006 con Índice Empresarial S.L. por el resto de obras. «Las cuotas defraudadas por Ildefonso Falcones serían en todo caso o inexistentes o inferiores a 120.000 €, por lo que procede su libre absolución» de los delitos contra la Hacienda Pública, concluye.

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