La Generalitat se «compromete plenamente» con el experimento de la Renta Básica Universal
Se repartirán 800 euros al mes a 5.000 personas durante dos años, medida fuertemente criticada por el PSC y que costará 40 millones de euros anuales
Cataluña busca dos pueblos para dar a sus habitantes 800 euros al mes durante dos años

Luz verde para la prueba piloto de la Renta Básica Universal (RBU) catalana. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurando que se asignarán los 40 millones anuales que requiere la medida a pesar de la ausencia de una partida para ello en los Presupuestos de 2023. Vacío fuertemente criticado por la CUP, que supeditó la investidura de Aragonés en 2021 al desarrollo de este experimento, entre otras exigencias.
La consellera ha sostenido que posponen la asignación presupuestaria a la espera de concretar cuántas personas participan en el piloto, lo que se determinará conforme a un estudio y sorteo presupuestados en 1,3 millones de euros. A pesar de las dudas que se han generado durante las últimas semanas respecto al proyecto, sobre todo a raíz de las críticas del PSC, Vilagrà ha defendido la prueba y ha garantizado su despliegue: «Nos comprometemos plenamente».
El experimento que pretende llevar a cabo el Govern consistirá, a priori, en repartir 800 euros y 300 por menor a cargo a 5.000 personas durante dos años. La mitad de los beneficiarios serán escogidos al azar -exceptuando al 10 por ciento de la población con mayores rentas- y los otros 2.500 serán los habitantes de dos pueblos de entre 1.200 y 1.400 habitantes cada uno, escogidos a dedo, con el objetivo de brindar una variable de localidad a la prueba.
Desde la Oficina del Plan Piloto de la Generalitat esperan que este dinero aumente el bienestar de la ciudadanía y reduzca el índice de pobreza, situado en Cataluña en torno al 19,9 por ciento. Además, apuestan por que una hipotética RBU elimine la dependencia de los subsidios, que impide a mucha gente acceder al mercado laboral por miedo a perderla para siempre y no recuperarla cuando se quede sin trabajo.
La idea de una Renta Básica Universal es tan antigua como las democracias liberales, pero no son pocos los que la critican y la consideran inviable por su elevado coste y difícil mantenimiento. Calculadora en mano, una renta básica aplicada en el conjunto del Estado como la que propone el Govern (800 euros por persona y 300 por menor a cargo) costaría al año 400.000 millones de euros (el 87 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado en 2022). Algo incompatible con la distribución actual que, entre otros gastos, destina más del 40 por ciento de los PGE a las pensiones.
El PSC se opuso a la medida
Vilagrà ha comparecido este jueves ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para dar cuenta de las partidas presupuestarias de su Consejería, entre los que se encuentra la prueba piloto, en el proyecto de Presupuestos que el Govern ha aprobado por la mañana y que este mediodía ha iniciado su tramitación parlamentaria.
El PSC había pedido la suspensión del plan piloto, que era un compromiso de investidura del Govern con la CUP, argumentando que los 40 millones que el Ejecutivo catalán planeaba destinar a ello podían dedicarse a otras medidas para dar respuesta a la situación económica y social.
Entre las medidas del departamento de Presidencia para 2023, con un presupuesto de 1.017 millones, la consellera ha destacado un «escudo social de 140 millones para reducir listas de espera y para acceder a los servicios de la ley de dependencia«, la promoción del deporte y la digitalización de trámites administrativos.