Colau rechaza paralizar las subvenciones a afines por las que está siendo investigada

Las subvenciones a entidades afines por las que Ada Colau está siendo investigada han protagonizado este viernes uno de los momentos de choque entre gobierno municipal y parte de la oposición durante el pleno ordinario de noviembre. Todo ello a raíz de una proposición del grupo municipal de Valents, que ha pedido que se suspendan todas las partidas para las entidades y asociaciones implicadas en la causa, cuya reapertura fue avanzada recientemente por ABC. La medida no ha prosperado.

«Si yo estuviera dando tres millones de euros a mi despacho de abogados, ¿qué estarían ustedes diciendo y pidiendo? Hablarían de corrupción y pedirían mi dimisión. No tengo ni una duda», ha asegurado Eva Parera, la líder de la formación, poco después de pedir la paralización de las ayudas por las que el gobierno municipal está siendo investigado por hasta cinco delitos. La concejal ha exigido «aplicar un criterio de prudencia» y ha lamentado que algunas formaciones que «están hoy pidiendo que se elimine el delito de malversación crean que la investigación por prevaricación, malversación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influenciase es una persecución política».

Parera ha recordado además que los comunes «venían a regenerar la política y de diez concejales que son el gobierno, cinco (Ada Colau, Janet Sanz, Marc Serra, Eloi Badia y Lucía Martín) están imputados por diferentes causas, todas abiertas». En este sentido ha preguntado a PSC si les «parece normal estar gobernando con un partido que tiene la mitad de sus cargos así«, antes de recordar que Irídia, una de las supuestas afines, ha estado asesorando a colectivos 'okupas' y CDR. «No estoy diciendo que Colau sea culpable. Solo pedimos que paren, por criterio de prudencia, el pago de esos millones», ha sentenciado.

Aunque el debate trataba sobre un asunto que atañe directamente a la alcaldesa, esta se ha ausentado del pleno al inicio de la proposición. En nombre de los comunes ha respondido el concejal Jordi Martí, que ha criticado a Parera por «condenar a entidades que hacen un trabajo social» y por querer «erigirse como jueza». «El problema es cuando esto se quiere judicializar, cuando un gobierno recibe más de diez querellas criminales, que han quedado todas archivadas. La última causa reabierta ya se archivó dos veces. Se ha pedido que se instruyan un par de pruebas más, y volverá a quedar archivada», ha asegurado el concejal, antes de acusar a Valents de «low fare». «Es una estrategia de la derecha populista 'trumpista', de utilizar instrumentalmente la justicia para cargar contra los adversarios políticos».

Martí ha sido muy duro con Parera. «Intentar criminalizar su imagen para intentar sacar rédito político es vergonzoso. Le tendría que caer la cara de vergüenza», le ha espetado antes de acabar su intervención denunciando de nuevo su «estrategia típica de 'low fare', de que lo que no se consigue en las urnas ni en los juzgados se tiene que conseguir generando escándalo mediático».

Más allá de su tenso debate, la medida ha quedado rechazada porque ha recibido el apoyo, insuficiente, de PP y Cs. Sus concejales han criticado los «chiringuitos afines» de los comunes, que hayan «cogido gusto a las puertas giratorias» y que con sus prácticas sigan incumpliendo el Código Ético. Por el contrario, ERC y Junts han rechazado también la proposición: ambas formaciones han defendido la presunción de inocencia hasta que no exista una sentencia condenatoria, aunque no han dudado en señalar, con la boca pequeña, el amiguismo «como mínimo sospechoso» de los de Colau.