La Audiencia de Barcelona ordena investigar a una profesora del IES Palau por delito de odio contra el hijo de un guardia civil
Los magistrados archivan la causa contra otros ocho docentes del centro de Sant Andreu de la Barca por sus manifestaciones en las aulas tras el 1-O
Los profesores de Sant Andreu hablaron del 1-O «irresponsablemente»
Fue al día siguiente del 1-O, cuando una profesora del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) dijo a sus alumnos que no impartiría la clase de inglés porque a mediodía realizarían un minuto de silencio en repulsa de la «violencia policial» para impedir el referéndum. Así, les enseñó una imagen de 50 agentes de la Guardia Civil que formaron parte del dispositivo y les dijo: «¿Habéis visto esta foto, saliendo de la furgoneta como perros rabiosos?».
Según la denuncia que presentó la Fiscalía, la docente también preguntó en el aula quiénes eran hijos de guardia civil, dado que en el municipio se ubica un cuartel de la Benemérita. Tres de ellos levantaron la mano, delante del resto de sus compañeros, lo que, según el Ministerio público, provocó en ellos «humillación y rabia». Por ello considera que la profesora incurrió en delitos de odio y contra la integridad moral.
El fiscal Miguel Ángel Aguilar presentó una denuncia contra la docente, que un juzgado de Martorell archivó y ahora la Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa contra ella. «Nos parece fuera de toda duda que, de ser ciertas las expresiones que la profesora investigada dirigió a su alumno, supuso un claro exceso», alega la sección novena en su auto. Los magistrados subrayan que «no puede mantenerse que no se atenta contra la integridad y dignidad moral de un menor de 12 años, cuando su profesora, ante los 25 alumnos restantes, y en el gravísimo y explosivo contexto sociopolítico que atravesaba toda la sociedad catalana en octubre de 2017, absolutamente polarizada, espetara al niño, hijo de guardia civil, que si estaba contento con lo que había hecho su padre el día anterior».
Por tanto, la Audiencia señala ahora que el instructor se precipitó con el archivo de la denuncia. No así con otras ocho, también contra docentes del IES Palau, de las que confirma el sobreseimiento decretado por el juzgado de Martorell. Una decisión que ha decepcionado a las familias afectadas. El abogado de una de ellas, Jorge Piedrafita ha explicado a ABC que aunque acatan el archivo no lo comparten «porque implica una desprotección sobre los derechos de las víctimas, estudiantes, en aquel momento menores, ante unos hechos probados, cometidos por profesores de una institución pública y con autoridad sobre ellos».
Desde la acusación seguirán trabajando para que este tipo de conductas sean erradicadas y para tratar de evitar que así se siente un «peligroso precedente», el de transmitir que «salen gratis» y «que todo vale frente a los hijos de las personas que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
«Adoctrinamiento»
Por su parte, Bartolomé Barba, guardia civil desde 1987, ha explicado a este diario que sintió la obligación de denunciar «las situaciones de humillación y acoso« que sufrieron, entre otros, sus hijos, por parte de algunos docentes» del IES Palau. Detalla así que su intención fue decirle a los profesores que «no todo vale en defensa de unas ideas políticas y que las escuelas no están para enseñar valores o principios particulares de cada uno o de opciones ideológicas impulsadas y tuteladas por uno u otro grupo de opinión o presión».
Así, Barba reprocha que «tolerar, como lamentablemente sucede a diario en Cataluña, este tipo de actitudes es una suerte de adoctrinamiento. A mayores hostigar y coartar a menores desde la ventaja de tener superioridad (véase docentes), resulta amén de mezquino, cobarde». «Si alguien quiere hacer política o transmitir su ideario, que lo haga entre sus adeptos, correligionarios o con sus hijos, en su casa, en el colegio no», reprocha este progenitor.
El guardia civil critica al especial interés de la consejera de Educación durante el referéndum, Clara Ponsatí, y del entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont «de hacer de esto una causa general de defensa de la lengua y por ende de su modelo de Cataluña». «Ni a mí, que llevo 36 años en Cataluña, ni a mis hijos, ambos nacidos en Barcelona, tienen que darnos lecciones de catalanidad».
Además, Barba sostiene que la causa nunca fue contra la escuela. «Solo se denunció a nueve hiperventilados que, sencillamente se equivocaron y no supieron pedir disculpas y parar a tiempo».
