Los partidos convierten al Procurador del Común en arma arrojadiza

Con las cerca de 600 páginas del Informe Anual del Procurador del Común relativo a 2022 en la mano, los partidos políticos convirtieron ayer la intervención de Tomás Quintana en el pleno monográfico de las Cortes en el arma arrojadiza de los reproches mutuos. Agradecimientos por parte de todos a su labor para recoger las quejas de los ciudadanos y trasladarlas a las administraciones -con más o menos grado de aceptación a sus recomendaciones-, y a partir de ahí, cada uno leyó el 'libro' por la página que le convino.

Desde la oposición, arrancaron y terminaron por el capítulo de las reclamaciones a la Junta de Castilla y León. Con la parte por el todo, la hicieron protagonista de las quejas recogidas por el Procurador del Común, pese a representar menos del 38% de las tramitadas, siendo las administraciones locales las que acapararon más de la mita de las reclamaciones de los ciudadanos. Fue su especie de enmienda de totalidad a la labor y gestión de PP y Vox como socios de gobierno.

Desde el otro lado, los grupos que sustentan al Gobierno se quedaron más con lectura de la cara inversa del informe y argumentaron que el análisis no contiene tantos argumentos para la crítica como arrojó la bancada de enfrente. Y a mayores, disparo hacia el Gobierno central.

Los datos esgrimidos por el Procurador del Común son un «termómetro perfecto de las preocupaciones» de los ciudadanos, la «conciencia», la «sirena» de la sociedad y el «espejo que nos devuelve nuestro reflejo y nos dice siempre que no estamos a la altura», esgrimió el portavoz socialista, Luis Tudanca, sacando a relucir las críticas a la Junta en materia de vivienda, sanidad, servicios sociales, incendios... «Ninguna» queja sobre la responsabilidad de la Junta en las cuatro muertes por los fuegos del pasado verano, respondió el portavoz popular, Raúl de la Hoz, quien tachó de «asqueroso» que «algunos» quisieran hacer responsable al Ejecutivo autonómico de esos decesos. «Lejos del ruido y de la demagogia, hay muchos campos en los que debemos seguir trabajando juntos», reivindicó De la Hoz, quien valoró el hincapié que Tomás Quintana realizó en su informe sobre el medio rural.

Atención a los pueblos

De hecho fueron varias las materias en las que el Procurador del Común hizo un especial guiño al mundo local, como reclamar la «implantación progresiva» del servicio de comedor escolar gratuito para «todo» el alumnado de los pueblos, ya que «ayudaría» a la conciliación; o los «problemas» de la prestación del servicio sanitario, entre ellos, «las deficiencias en la atención pediátrica en algunas localidades». «Si en el mundo rural no se prestan servicios adecuados, la gente se va», clamó también muy en clave local el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

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En su prolijo y detallado informe, además de un repaso a las quejas -con Sanidad y Educación a la cabeza en cuanto a número de firmantes que se dirigieron a esta institución propia pidiendo su intercesión, sin olvidar las vinculadas a la implantación de nuevas energías-, Tomás Quintana introdujo un asunto que en los últimos días ha ganado protagonismo: la vivienda. Así, ya entre las reclamaciones esgrimidas, Quintana instó a la Junta a abordar «las reclamaciones normativas y compromisos presupuestario necesarios para ampliar el parque público de viviendas en alquiler», pues de varias quejas se extraen las «dificultades».

La vivienda pública «es una urgencia», reivindicó Francisco Igea (Ciudadanos), quien aprovechó para la puya política: tachó a las actuales Cortes como las «más inútiles de la historia de la Autonomía», responsabilizando también al actual Gobierno de PP y Vox de ser los responsables de que Quintana siga en el puesto siete meses después de haber acabado su mandato. Desde Podemos, Pablo Fernández, reivindicó la figura del Procurador del Común, con alusión expresa a que Vox pretendía «erradicarla» -extremo que también afeó Tudanca-, y cuestionó el sentido de la sesión si el PP «se pasa por el arco del triunfo la mayor parte de las resoluciones». «A pesar de que pretende poner a Castilla y León como el rincón más oscuro, lúgubre y horrendo», su Gobierno «no recibe sentencias» del Constitucional «por no respetar los derechos de las personas», replicó David Hierro, en crítica al Ejecutivo central. Y defendió que el respeto de su partido, las Cortes y el Ejecutivo autonómico a la «autonomía, independencia y objetividad» del la institución.