La Junta «inadmite de plano» el requerimiento del Gobierno sobre el Serla
Veganzones tilda el «esperpéntico» escrito remitido de «burdo cortapega al dictado de los sindicatos de Castilla y León»
La Junta ve en el requerimiento judicial por el Serla otro «ataque» del Gobierno
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha avanzado este martes en las Cortes de Castilla y León que la Junta responde inadmitiendo el requerimiento recibido a instancia del Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a la financiación pública del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales) y lo calificada de «burdo cortapega al dictado de los sindicatos de Castilla y León», que a su juicio en el Ministerio no se han molestado en «repasar».
Al respecto, el consejero ha tildado al escrito de «esperpéntico» por contener un «despropósito jurídico» de «ínfima calidad técnica», «impropia», añadió, de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Tras leerlo atentamente, ha asegurado que la Junta, a través de la Consejería de la Presidencia, «inadmite de plano todas sus pretensiones».
Veganzones ha expuesto ante los miembros de la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de la Cámara autonómica que Trabajo carece de competencias para la remisión de un requerimiento a la Junta sobre la ausencia financiación pública para la Fundación del Serla, que ha recordado se constituyó en base a un acuerdo «privado» de sindicatos y patronal, por lo que hubiera sido considerada «nula de pleno de derecho», si la administración no le confiere el carácter de «tripartita».
No hay obligación de financiación
En opinión del titular de Industria ninguna sentencia o norma obliga a la financiación pública de esta entidad, algo que sería un «dislate», puesto que ha argumentado no lo recoge la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2023, ni tampoco está vigente el acuerdo entre los agentes sociales y económicos con la Junta en el marco del Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), que ha precisado no existe desde el 2 de octubre de 2020, puesto que añadió fue la propia administración la que lo denunció «en tiempo y forma».
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En definitiva, Mariano Veganzones, miembro de Vox, ha sostenido que el requerimiento se dirige contra un acto frente al que no cabe recursos contencioso administrativo y tampoco, a su juicio, ningún requerimiento «ni nada parecido». Además, ha afirmado que es «inadmisible» que el «mal llamado requerimiento» se ha registrado «fuera de plazo», porque para interponer un recurso tiene que ser en los dos meses posteriores, algo que «ya se ha excedido».
Igualmente, el consejero ha argumentado que no le deja de sorprender la facultad que otorga el Ministerio de Trabajo en su escrito a los sindicatos para constituir entidades públicas, con financiación también público, con una «extensión», «coste» y «eficacia» que estas organizaciones decidan «al libre albedrío» sin someterse, ha añadido, a los principios de estabilidad y racionalización del gasto público.
Pedir dinero «a su gusto»
En su opinión, ha insistido Veganzones, les permite pedir dinero «a su gusto y placer» para un «chiringuito» que «ellos mismos han decidido crear» al margen de las competencias en materia presupuestaria de la Comunidad. Ha remarcado que supone un «cheque en blanco sin límites» que conllevaría que en cualquier convenio sectorial y acuerdo profesional de trabajadores autónomos se recoja la creación de «su propio Serla», lo que obligaría la administración a financiar «decenas» de órganos de este tipo.
Finalmente, el consejero de Industria ha asegurado que es «evidente» que la Constitución española reconoce la «autonomía financiera» de la Comunidad frente a un requerimiento que ha enmarcado en el «lanzamiento» de la campaña electoral del proyecto Sumar, «de la mano de Pedro Sánchez»
