Unos 850 investigadores de Castilla y León se verán afectados por la reforma laboral

La nueva reforma laboral podría impactar de lleno en las universidades de Castilla y León y afectar a 850 investigadores . Y es que, el documento, que aún debe convalidarse en el Congreso de los Diputados, plantea la desaparición definitiva de los contratos de obra y servicio , la figura que suele utilizarse por las instituciones académicas en los proyectos desarrollados por estos profesionales.

La Consejería de Educación se ha mostrado «preocupada» por los impactos que la entrada en vigor del Real Decreto Ley 32/2021 pueda generar en el ámbito de la investigación y por eso ya ha reclamado soluciones a los dos ministerios involucrados (Ministerio de Universidades y Ministerio de Ciencia e Innovación).

Y es que las universidades públicas y los organismos públicos de investigación se quedarían sin una alternativa válida para la «captación del talento necesario al eliminar el contrato por obra o servicio: una figura laboral muy común en el ámbito científico ligado a proyectos concretos», señalan desde el departamento dirigido por Rocío Lucas.

Además, considera «absolutamente necesario» plantear, al menos, «un régimen transitorio para el sector científico hasta que se analicen con detalle y por todas las partes implicadas las consecuencias y alternativas disponible».

Los propios rectores han advertido ya de que la futura legislación afectará al modelo científico desarrollado en los centro s. En ese sentido, la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) ya ha asegurado que «tendría efectos no deseados» debido a la desaparición del contrato de obra o servicio y «no incluir una alternativa de contratación que dé respuesta a las necesidades el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación».

«Esta figura es de frecuente utilización en las áreas de la investigación y la transferencia del conocimiento, donde los proyectos científicos a los que concurren los investigadores se desarrollan mayoritariamente en un contexto internacional muy competitivo y de carácter tempora l», ha subrayado el organismo que agrupa a los rectores.

Esta preocupación ya fue trasladada al ministro del ramo, Joan Subirats , quien se comprometió a analizar estos aspectos y subsanar estas disfunciones. Por ello, desde las instituciones académicas esperan medidas que «permitan a las universidades españolas seguir compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de los sistemas universitarios europeos ».