Las unidades de gestión clínica pasan su último trámite con el «no» sindical

Las unidades de gestión clínica llegan este viernes al Consejo de la Función Pública de Castilla y León en el que están representadas las organizaciones sindicales y la propia Administración autonómica. Se someten así al último trámite para la aprobación definitiva de la Orden por la que se constituyen las unidades y se determina la creación de los comités clínicos.

En el citado órgano, el nuevo modelo hospitalario diseñado por la Consejería de Sanidad se encontrará con la oposición en bloque de los sindicatos que, desde el principio, lo han rechazado al considerar que, entre otras cosas, da entrada al sector privado en la nueva organización de servicios. La orden, en cualquier caso, saldrá adelante dada la mayoría de los representantes de la Administración en el Consejo, de forma que aunque cabe prever un empate con los miembros sindicales, se impondrá el voto de calidad de la directora general de la Función Pública. Pasado el trámite, por lo tanto, en octubre se publicará la orden y, con ella, las quince primeras unidades podrán empezar a constituirse para que estén operativas en enero de 2017. A partir de entonces, continuará la extensión de este nuevo modelo en la sanidad pública de Castilla y León.

El consejero Antonio María Sáez Aguado, insistió, en declaraciones a ABC, en que el proyecto «expresa confianza en los profesionales , en su capacidad de organizar su trabajo e influir, aunque hay algunos que parece que la han perdido». «Ese es el objetivo de las unidades de gestión pública, organizar la atención pensando en los pacientes», insistió. Sáez reconoció que aunque no hay consenso con los representantes sindicales para la puesta en marcha del modelo, «seguiremos adelante con este proyecto que, por otra parte, se está implantando en otras comunidades, como Navarra, Andalucía y Asturias». Por eso, aseguró no entender la postura tan crítica de otros grupos parlamentarios, como el PSOE, cuando «lo que se pretende es que los profesionales tengan más peso y más capacidad de decidir sobre tu trabajo y sobre la orientación de la sanidad pública».

En cualquier caso, el consejero señaló que «hay muchos profesionales, de hecho hay quince equipos que lo están avalando , que nos están pidiendo asumir más responsabilidades y poner en marcha las unidades». Frente a ello, considera que las organizaciones sindicales «no concretan mucho en qué se sustenta ese desacuerdo». Sobre las críticas de privatización de los servicios, recordó que «en el Decreto se han planteado todas las garantías de que ésto es una manera de mantener el sistema público, que no es una puerta trasera para salirnos, porque los profesionales que están implicados tampoco no nos lo permitirían».

No opinan los mismo y así lo plasmarán en la reunión del Consejo de la Función Pública de hoy los representantes de UGT, CCOO, CSI-F, el sindicato de enfermería Satse y el sindicato Médico CESM. Para el secretario general de este último, Mauro Rodríguez, su oposición a las unidades de gestión clínica se basa en que «no aportan nada nuevo a la sanidad de Castilla y León». Tampoco cree que vaya a dar más independencia a los médicos a la hora de actuar dado que «los jefes de las unidades tomará las decisiones en base a los objetivos de la gerencia» por lo que, a su juicio «serán razones de ahorro». Para CSI-F, el nuevo modelo crea inseguridad jurídica entre los profesionales, mientras que para Satse «encubre privatizaciones» y limita el desarrollo de la enfermería.