Ulibarri usaba su «influencia» en los políticos para «adjudicarse» contratos

Son numerosas las conversaciones interceptadas, durante más de un año, a los empresarios José Luis Ulibarri y su socio Ángel Luis García -alias «El Patatero»- de las que «e infiere con claridad» que ambos «se sirven» de «distintas» autoridades políticas «al objeto de la consecución de sus ilícitos propósitos». Lo logran consiguiendo que los políticos -de diverso signo político, pues hay señalados directamente de PSOE, PP y Ciudadanos- adjudiquen «en su favor» los contratos «pretendidos» o bien haciendo que «operen como intermediarios» ante otras autoridades políticas con el mismo fin. Así lo señala el Ministerio Fiscal en el sumario del caso Enredadera, que dedica una pieza específica y paralela a León, con ambos empresarios como principales investigados.

Y lo son por toda una serie de «diversos delitos» que guardan una «estricta» relación y conexión entre sí, pues «todos ellos» tendrían como «denominador común» obedecer al «propósito» Ulibarri -en prisión por el caso Enredadera e involucrado también en Gürtel- y Ángel Luis García de «obtener la irregular adjudicación» de diferentes contratos administrativos vinculados a los ayuntamientos de León, Astorga y Villaquilambre, la Diputación de León y la Mancomunidad Alto Órbigo, así como en las localidades madrileñas de Arroyo Molinos y Fuenlabrada y Asturias.

Fueron «hallazgos casuales» dentro de la operación Enredadera -que comenzó en mayo de 2016 en la localidad barcelonesa de Montgat por el presunto amaño en las adjudicaciones de semáforos y radares y se extendió por toda España- los que llevaron a pedir la apertura de una pieza separada en León, en la que Ulibarri y García, sobre los que gira la investigación. Inducción a la prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, inducción a la malversación de caudales y a la revelación de secretos por funcionario son los delitos que, según la Fiscalía, presuntamente habrían cometido Ulibarri y su socio, de la mano de Juan Simón Callejo (exconcejal en Astorga) y J. Arenas de la Heras.

En sus ilícitas pretensiones, el sumario subraya «la buena sintonía e influencia» que ambos empresarios ejercían en políticos, entre los que señalan expresamente a Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León; José María López Benito, exconcejal de Astorga, y Joaquín Llamas, alcalde de Villarejo de Órbigo. Una influencia que el Fiscal vincula «en gran medida» a que Ulibarri, considerado y tratado como «el jefe», y García son propietarios de diversos medios de comunicación, de los que «se habrían servido sistemáticamente» para «lograr alzar» a los candidatos «afines» y «lograr» que éstos «se plieguen a sus propósitos».

En el proceder para lograr esas adjudicaciones «ilícitas», tal y como queda demostrado en las numerosas llamadas interceptadas, ambos empresarios utilizaban diversas técnicas. Así, señala el Ministerio Fiscal, «no ya sólo» lograban información «reservada de carácter privilegiado», pues conseguían los pliegos antes de su publicación, sino «incluso el beneplácito» político para la «modificación» -caso de la Mancomunidad Alto Órbigo-. A través de un «concierto continuado» con diversas autoridades y «funcionarios» de Astorga lograron contratos, algunos fraccionándolos «con el fin de permitir la adjudicación directa», con el consiguiente «posible perjuicio» a las arcas municipales. También indicios de esos amaños, aunque «no tan poderosos», pesan sobre la Diputación de León, con Sadat Maraña como principal señalado a la hora de pasar información «reservada».