El TSJCyL dictamina que en los contratos de recogida de animales debe primar su bienestar

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el decreto de la Diputación de Salamanca que regulaba el servicio de recogida de perros abandonados en la provincia por considerar que en los pliegos del concurso «no se atiende el bienestar animal».

Según la sentencia dada a conocer por la Asociación El Hocico, que recurrió el concurso público, se deben tener en cuenta los problemas «que genera la protección de los animales» abandonados «respondiendo a la demanda social de una atención humanitaria de los animales en desamparo».

En el concurso público que licitó en 2014 la Diputación Provincial de Salamanca para la recogida de perros abandonados «solo puntuaba el precio más bajo y el menor tiempo de recogida» según añade la Asociación El Hocido, a través de una nota de prensa, mientras que no se atendía «el sacrificio cero, las condiciones de las instalaciones, o que se les pusiese un chip identificativo».

Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca que daba la razón a la Diputación salmantina, y anula el decreto de la institución provincial «por su disconformidad con el ordenamiento jurídico».

En la sentencia se recoge, además, que las exigencias de la Diputación atienden a uno de los aspectos del servicio público como es la recogida, pero no concretan «cómo se ha de prestar en relación con otros aspectos inherentes a ese servicio, como son el alojamiento, manutención y entrega del animal».

«No se precisa cómo han de ser las instalaciones adecuadas ni se contemplan aspectos referidos al fomento de la adopción y de la identificación del animal y su propietario que la Administración debe perfilar respondiendo al modelo de bienestar social de los animales que la sociedad y la legislación ahora exigen», ha concretado la sentencia.

A juicio de la protectora animal, esta «sentencia puede cambiar el destino de miles de animales en España, ya que considera que en los concursos públicos para optar a los servicios de recogida, su bienestar debe ser tenido en cuenta y no sólo los aspectos económicos».