El TSJCyL confirma la absolución de la enfermera juzgada por «fisgar» el historial de pacientes no asignados
Se exponía a penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la absolución de la enfermera Carmen B.A. que fue juzgada el pasado mes de enero por delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber «fisgado» los historiales clínicos de tres pacientes, una madre y sus dos hijos, que no tenía asignados.
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En su fallo, el TSJCyL, con sede en Burgos, desestima así los recursos de la acusación particular y de la Fiscalía y confirma la absolución dictada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Mera «curiosidad»
En aquella sentencia, ahora ratificada, el tribunal entendió que la conducta de la enfermera no podía ser encuadrada en el referido tipo delictivo, y ello a pesar de reconocer que entró en dichos historiales por mera «curiosidad» debido al enfrentamiento que años antes había tenido con la madre de los otros dos afectados, María Pilar E.A, antigua compañera de trabajo, y sin que luego utilizara dicha información ni perjudicara a los tres denunciantes.
La sentencia dio verosimilitud así a la versión que durante el juicio expuso la acusada. «¡Pido perdón, sé que estaba prohibido, pero me encontraba obsesionada y muy preocupada tras conocer que ella volvía al Centro de Salud de Serrada donde yo trabajaba y en el que doce años antes habíamos tenido un enfrentamiento!», es la explicación que la enfermera Carmen B.A. dio respecto de por qué fisgó en febrero de 2016 los historiales clínicos de su excompañera María Pilar E.A. y de sus dos hijos para informarse «tan sólo» del domicilio de la primera y de las edades de sus vástagos.
La mera «curiosidad» esgrimida por la encausada, que incluso pidió «perdón» públicamente a los denunciantes, no impidió que el fiscal mantuviera invariable su petición de tres años y medio de cárcel y que la acusación particular incluso elevara su solicitud de tres a cuatro años de privación de libertad al entender que se trataba de un delito continuado.
