El ‘testaferro’ suizo de Delgado niega conocerle en una silenciosa comisión de las eólicas

Jornada de silencio en la comisión de investigación que trata de indagar en las Cortes sobre las tramas judicializadas por presuntas comisiones en la adjudicación de parques eólicos y el supuesto pelotazo urbanístico entorno al edificio de la Perla Negra y el malogrado parque empresarial de Portillo. Y es que los tres citados están siendo investigados en los tribunales por las causas y como era de prever no quisieron contestar a los responsables de las distintas formaciones políticas para no perjudicar su defensa. Y eso que sus declaraciones serían especialmente relevantes y poco se sabe de lo que trasladaron ante el juez en fase de instrucción.

El primero en pasar por la sala de comisiones de las Cortes fue el señalado como el «testaferro» suizo de Rafael Delgado. De avanzada edad y con problemas de audición, negó tener nada que ver con la trama eólica e incluso aseguró no saber «qué son esas sociedades» a través de las cuales presuntamente gestionó comisiones «ni quiénes son estos señores» en relación al exviceconsejero de Economía y principal señalado por la Fiscalía Anticorrupción. Sus palabras coinciden en parte con lo que en su día expresó en sede judicial, donde apuntó que no tuvo ningún interés en la trama y sus movimientos fueron por amistad con el supuesto «testaferro» directo, Jesús Rodríguez Recio.

Mayor silencio hubo por parte del exdirectivo de Ibercyl Rafael Icaza de la Sota , a quien no consiguieron los procuradores arrancarle ni una sola palabra sobre la trama y ello pese a que uno a uno, salvo el portavoz popular ante el silencio del declarante, formularon sus preguntas sobre los contratos de Iberdrola Renovables con las empresas de los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, también encausado en la trama eólica.

El tercer citado, el exdirector general de Gesturcal , lo estaba por la otra trama en la que ahonda la comisión, la de la «Perla Negra», y aunque en este caso hizo una exposición inicial también se negó a responder a las preguntas por su situación procesal. La Fiscalía pide para él por delito continuado de malversación de fondos públicos cuatro años de prisión. Actos que negó, asegurando que la operación respondió a «decisiones del Gobierno regional» en las que no participó.