Los sindicatos anuncian ya movilizaciones si la Junta no avanza en aplicar las 35 horas
El Gobierno regional se compromete a reducir la jornada laboral esta legislatura y contestará mañana si acepta mantener el horario de verano mientras se negocia
Los sindicatos UGT, CCOO y Csif ultiman ya un calendario de movilizaciones para forzar a la Junta a implantar la jornada de 35 horas semanales entre los 85.000 funcionarios de la Administración autonómica. Así lo aseguraron ayer a ABC responsables sindicales tras la reunión que mantuvieron con el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez; el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y la de Educación, Rocío Lucas. Casi tres horas de encuentro al más alto nivel -con cuatro consejeros- que concluyó con la aceptación del Gobierno autonómico de estudiar la propuesta sindical de mantener la jornada especial de verano (35 horas o 37,5 en el caso de los empleados que tienen turnos y que son compensados con días libres) mientras se mantienen las negociaciones.
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La respuesta no llegará hasta mañana, si bien las tres organizaciones ya se emplazaron ayer a diseñar un calendario de movilizaciones. De momento, la Junta mostró su compromiso de implantar la jornada reducida en esta legislatura, pero volvió a justificar la imposibilidad de hacerlo ahora por los efectos que pudiera producir en sanidad, educación y servicios sociales , así como en la necesaria modificación normativa aún sin realizar, y en el coste presupuestario y, por lo tanto, el incremento de déficit que la medida lleva aparejada.
«No hay excusas»
Los representantes sindicales se remiten, sin embargo, al acuerdo firmado el 21 de mayo en el que, según señaló Tomás Pérez Urueña, secretario de la Función Pública de UGT, ya se conocían las consecuencias de la medida. Es más, recordó que el actual consejero de Economía y Hacienda (de Empleo la pasada legislatura) participó en el acuerdo y por lo tanto conocía la situación, por lo que «no hay excusas». Pérez Urueña apuntó que «estamos dispuestos a negociar pero, mientras tanto, deberán prorrogar la jornada estival que aún se aplica (hasta octubre) a todos los funcionarios, con excepción de los empleados de educación a los que «habrá que compensar».
Lo cierto es que los representantes sindicales llegaron al encuentro de ayer «muy enfadados» tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea, de no aplicar la jornada por el coste de 120 millones de euros en un momento en el que el Estado adeuda a la Comunidad 440 millones y, además, no hay Presupuestos Generales, lo que se traduce en incertidumbre en torno a los ingresos transferidos. Pero, después, una vez que el Gobierno anunció la transferencia a las comunidades de las partidas pendientes, Igea se refirió a las dificultades que supondría la reducción de la jornada laboral , habida cuenta del déficit de médicos, lo que pondría en peligro 100.000 consultas.
Tomás Pérez Urueña lamentó la actuación «vergonzosa» del vicepresidente y de la propia Junta y señaló que cuando se firmó el acuerdo se supone que ya contaban con estudios económicos aunque, advirtió, «no han podido explicar de dónde sacan los 120 millones». Por ello, denominó a Igea el «consejero de torticería y argumentos variopintos». Criticó, además, el mensaje que está trasladando la Junta de que los funcionarios «somos muy caros y queremos trabajar menos» por lo que «no podemos permitir que se esté desprestigiando al sector público de esta manera» y pidió que sea el propio Mañueco el que hable y se pronuncie porque, en caso contrario, habrá «una respuesta contundente».
Por su parte, Raquel Fernández, secretaria de Acción Sindical de Csif y también presente en la reunión, apuntó a las movilizaciones como un escenario más que probable y reconoció que es «difícil» que mañana se pueda llegar a un acuerdo, sobre todo después del «negro panorama que nos han pintado».
En este sentido, aseguró cómo en el encuentro de ayer comenzó de forma muy dura ya que los consejeros, especialmente la de Sanidad, mostraron la imposibilidad de poner en marcha las 35 horas semanales por la propia situación económica y la falta de profesionales. Reconoció, en este sentido, que en sanidad, educación y servicios sociales será necesario llevar a cabo contrataciones de personal para ajustarse a la reducción de la jornada.
