Sentido común

La declaración institucional de los presidentes de Castilla y León, Asturias y Galicia podría enmarcarse dentro del sentido común que debería tener la acción de los gobernantes. Lo que piden los responsables de estas tres regiones es una financiación justa , suficiente, equitativa y un catálogo de servicios garantizado para todos los ciudadanos. Lograrlo es cosa de un cambio en la mentalidad que rige a los responsables autonómicos, que en no pocos casos tiran cada uno por su lado, sin pensar que formamos parte de un todo que es la nación española, que la componen sus habitantes y no puede ser que unos y otros sean tratados de diferente forma.

Para llegar a un acuerdo de financiación que satisfaga a todos es preciso que, como muy bien han señalado los presidentes, se haga en el marco de un acuerdo multilateral , sin que haya negociaciones bilaterales por la puerta de atrás, porque automáticamente se descompensa el sistema y el acuerdo será imposible. La solidaridad entre los territorios no debería ser una utopia, sino algo real, al margen de privilegios añadidos que, por muy históricos que sean, llegan a convertirse en la España del siglo XXI en anacronismos de difícil comprensión y defensa por parte de quienes encima se ven dañados por su existencia.

Resolver este problema no va a ser una cuestión nada fácil, porque a lo que obliga de verdad es a entrar en temas que hace tiempo deberían estar resueltos, como la reforma electoral y conferir a los territorios la representación proporcional en función de su pertenencia a la nación y no ocupar una representación nacional por no concurrir más que en su propio territorio, lo que les convierte en apoyos puntuales a los intereses nacionales y a ello le sacan un pingüe rédito a cuenta de los demás. La propuesta de Castilla y León, Asturias y Galicia es buena, otra cosa son los intereses en juego.