Una sentencia «pionera» concluye que Castilla y León dotó del material necesario a los sanitarios de Burgos
Desestima la demanda del sindicato médico CESM y considera probados los esfuerzos de la Junta para evitar posibles contagios por coronavirus
El Juzgado de lo Social Nº 3 de Burgos ha desestimado la demanda interpuesta por el sindicaro médico CESM Castilla y León contra la Junta relativa a la dotación adecuada de material de protección sanitaria contra el Covid-19 a todo el personal sanitario en la provincia de Burgos. Así, en una sentencia «pionera» dictada el 15 de junio, el juez da la razón al Gobierno regional al considerar que los profesionales «han dispuesto, en todo momento, de material de protección para desarrollar su actividad».
Según explica la Junta en un comunicado, tras un fallo judicial del Juzgado de lo Social de Teruel de hace unos días, que en ese caso condenó al Gobierno aragonés en un tema similar, «esta es la primera sentencia que se conoce en España en sentido inverso , absolviendo a la Junta de Castilla y León».
El argumento del sindicato contra el Ejecutivo regional en su demanda era que la Administración autonómica había vulnerado en los hospitales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro el «derecho fundamental» de contar en su lugar de trabajo de las condiciones satisfactorias de protección de la salud y seguridad, «como consecuencia de la inactividad» de la Junta , que, consideraba, no había proporcionado al colectivo sanitario las medidas de protección necesarias contra el COVID-19, «infringiendo así la normativa sobre prevención de riesgos laborales».
Sin embargo, el juez, por un lado, estima la alegación de la Junta sobre la falta de legitimación activa parcial del sindicato médico , y, por otro, considera que «no se ha probado que los médicos no hayan dispuesto en algún momento de los EPIS necesarios, menos aún en el momento de la presentación de la demanda, momento en que la situación ya se encontraba totalmente controlada, de tal forma que los profesionales sanitarios han contado y cuentan con los equipos de protección individual necesarios para evitar el riesgo de exposición al Covid-19».
La sentencia considera, además a la vista de los documentos aportados, resultan probados los «esfuerzos realizados por la Junta de Castilla y León para poder suministrar los equipos de protección adecuados a los profesionales sanitarios para la prestación de sus servicios», concluye el comunicado.
