El sector remolachero carga contra el impuesto al azúcar: es «ilógico e irracional»

Los anuncios e intenciones se han cumplido, y el Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas. Si no gustaba en Castilla y León cuando era únicamente un planteamiento, menos aún una vez que ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer este nuevo tipo que pretende implantar en España en 2017 dentro de un paquete fiscal, en el que se incluyen la subida de algunos especiales y se crea este nuevo , con el objetivo de recaudar en total 7.500 millones de euros .

Como un despropósito. Así ven en el sector remolachero este «impuesto dulce». «Irracional, ilógico, insustancial». El presidente de la cooperativa agraria Acor, cuya principal actividad es la producción de azúcar, se quedaba ayer sin calificativos para censurar este gravamen que el Gobierno central quiere sacar adelante, aunque dada la minoría del PP en el Congreso para ello tendrá que llegar a un acuerdo con otros grupos políticos.

Según Carlos Rico, este nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y carbonatadas, dirigido especialmente a subir el precio de los refrescos, «no persigue ningún fin alimentario ni educación ni respeto al equilibrio nutricional». Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de la Nación y Montoro para su puesta en marcha está el «motivo de salud». «Un instrumento de lucha contra la obesidad», defendió ayer el ministro, quien aseguró que es una «oportunidad para desanimar el consumo frente a otras opciones bajas en azúcar» y sigue, además, la tónica de otros países del entorno de España. Cifró en unos 200 millones de euros lo que esperan recaudar por esta vía en 2017.

Sin embargo, desde Acor, Carlos Rico aseguró en declaraciones recogidas por Rtvcyl que «no cumple ninguno de los parámetros que debe cumplir un impuesto». «Es más un fenómeno sociológico y psicológico» que puede afectar, alertó, directamente a los productores de remolacha y azúcar. Un puesto en el que Castilla y León tiene un lugar destacado, pues más de siete de cada diez kilos de azúcar producidos con remolacha nacional tienen origen en la Comunidad, donde sus cuatro fábricas acaparan 420.000 toneladas de las casi 500.000 que tiene autorizadas España, hasta que en 2017 desaparezcan las cuotas impuestas por la UE.

También la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, criticó este impuesto. Incidió en que la Junta «no considera» que la forma de evitar el «abuso» de algunos productos y resolver problemas de salud y de «hábitos y conductas alimentarias» sea la «vía impositiva», informa Ep. Así, apostó por fomentar la educación de los más pequeños, para inculcarles «qué es saludable».