El sector forestal clama por un mayor aprovechamiento de unos recursos «estratégicos»
Nace la plataforma Forescyl con la instancia a un acuerdo político para favorecer el desarrollo «integral» del monte, que combatiría el cambio climático y la despoblación
Más de cuatro millones de hectáreas forestales se extienden a lo largo de Castilla y León, la comunidad con mayor superficie de estas características certificada bajo una gestión sostenible de la misma. «Tenemos el recurso», pero hay que «ponerlo en valor» y «favorecer» el «desarrollo integral» del monte hasta «posicionarlo como el sector estratégico que es». Es la proclama con la que nace la Plataforma Forescyl , que aúna a los principales actores de la cadena de valor del sector con el fin de «empoderarlo» y reclamar acciones a la Junta para sacarle todo el partido que se podría.
La plataforma está representada por la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León y busca implicar a la sociedad y apelar a su complicidad con una propuesta que busca adhesiones y que irá mostrando desde hoy en su web las distintas realidades del sector, desde el propietario de un terreno, a la industria, pasando por trabajadores de gremios relacionados con el aprovechamiento y tratamiento de los montes. Pero, sobre todo, llaman a la implicación política proponiendo un pacto a todos los partidos.
El manifiesto leído por la plataforma este miércoles en Valladolid solicita, así, un acuerdo por el sector forestal y de la madera que lo sitúe en la agenda política de la legislatura y lo «mantenga» con «carácter estratégico» durante más de un mandato. El fin es sentar las bases para que exista una línea de trabajo específica que ponga el valor los recursos forestales . «No tienen sentido que no se estén usando y se importen» desde fuera de las lindes autonómicas, en las que acumula madera en montes -«almacenes de biomasa»- en los que evoluciona «mal» y elevan el riesgo de incendios, ha señalado el presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, Roberto Bravo.
El colectivo expone que sólo un 35 por ciento de los montes públicos y un cinco por ciento de los privados son explotados y proponen el «desarrollo como se merece de un sector» -que aprovechado se «autofinancia» y no requeriría de «subvenciones a fondo perdido», dicen- y que consideran que ha sido «menospreciad» y «discriminado» por «erráticas» políticas públicas .
En esta línea, aseguran que el sector ha sido «marginado» en el acceso a ayudas, apoyo de productos, promoción, formación, I+D o digitalización en comparación con la agricultura y la ganadería, con la que dicen que comparten la catalogación de «agrario» de acuerdo con la normativa estatal. Celebran que la nueva configuración de la Junta aúne competencias hasta ahora dispersas y quieren sobre esa base corregir el «rumbo errático» y «diseñar juntos políticas eficaces» para un sector del que defienden no sólo su viabilidad como actividad sino también su papel de agente clave en la lucha contra el cambio climático y su capacidad para asentar población en el medio rural .