De la Riva y Silván comparecerán como testigos en el juicio por el «caso PGOU» de Valladolid

El juicio por el denominado «caso PGOU», que investiga presuntas modificaciones en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid en favor de determinado empresarios, por el que se encuentran imputadas trece personas por delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y contra el patrimonio, arranca a partir de este martes, 18 de septiembre, en la Audiencia Provincial.

El juicio, que tendrá por escenario la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid y cuya ponente será la magistrada Teresa González Cuartero, se prolongará, en principio, por espacio de más de dos meses, con tres sesiones de mañana por semana, los martes, miércoles y jueves.

Los encausados deberán asistir a todas y cada una de las sesiones del juicio, salvo aquellas fechas en las que sus defensas acrediten que el testimonio de los testigos citados nada tiene que ver con los supuestos hechos delictivos que se imputan a sus patrocinados.

Una hipotética suspensión de la vista ha planeado sobre el proceso en los últimos meses como consecuencia de una dolencia sufrida en mayo por el principal inculpado, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, que le llevó a pasar por quirófano recientemente, si bien parece que tal circunstancia no se producirá y el acusado será dispensado únicamente el día en el que tenga que pasar revisión, informa Ep.

A lo largo de este maratoniano juicio comparecerán, en calidad de testigos, distintos arquitectos, técnicos y funcionarios, así como ex políticos como el anterior alcalde, el popular Francisco Javier León de la Riva, y miembros entonces de su corporación, como Manuel Sánchez, Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y Juan Carlos Muñoz. También tendrá que pasar por el juzgado vallisoletano el actual alcalde de León y entonces consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván.

A los trece imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.