Quiñones acusa a Pacma de «falsear informaciones judiciales» sobre la Ley de Caza

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró este jueves que desde la Junta se entiende que «no cabe» elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza , posibilidad que fue ofrecida a la partes desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. «Lo único que se hace es abrir un trámite de alegaciones y que se opine al respecto, por lo que evaluaremos en ese trámite de audiencia nuestros informes, que serán negativos, al entender que no cabe ese planteamiento», aseveró.

Por lo tanto, una vez que se ha dado traslado de esta petición a los animalistas de Pacma, a la Junta y al Ministerio Fiscal, el consejero sostiene que «no hay ninguna decisión final» del TSJ sobre la Ley de Caza. «Tiene que plasmarse en un auto fundado y recurrible que no ha sido dictado y por tanto es falso lo que Pacma dice y que desvirtúa y falsea las informaciones judiciales para tratar de plantear una realidad que no existe», señaló.

En todo caso, explicó que si el TSJ decidiera plantear una cuestión de inconstitucionalidad «que es un mecanismo ordinario que está ahí, el Tribunal Constitucional tendrá que tomar la decisión oportuna, pero lo cierto es que la caza está vigente en Castilla y León ». Además, significó que la opinión de instituciones de la Comunidad para la modificación de la ley «ha sido determinante para evitar enormes perjuicios, no solo los económicos, sociales y tradicionales, así como para la sanidad animal, la salud pública y el propio sostenimiento de las especies, que es lo que tenía que defender el Pacma y defiende lo contrario», informa Ical.

Cabe recordar que esa suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala, que tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración Autonómica. La modificación de la Ley de Caza, a juicio de los magistrados, podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la anterior resolución judicial por la que se suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León y condicionar la resolución de ese recurso contra la suspensión interpuesto por la Administración.