Puente recurre a un inversor inmobiliario para desbloquear la Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia era una de las promesas electorales con la que el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, concurrió a las elecciones de 2015. Sin embargo, hasta ahora apenas había conseguido avanzar ante el bloqueo de la Sareb (entidad que gestiona las propiedades inmobiliarias de cajas y bancos) y los propietarios del Colegio El Salvador, situado en plena Plaza de San Pablo, donde se ubicarían los nuevos juzgados. Cuatro recursos contenciosos administrativos amenazaban con dejar en el limbo el proyecto del Ayuntamiento socialista impulsado especialmente por su socio de gobierno, el concejal de Valladolid Toma la Palabra (IU), Manuel Saravia. La solución «complicada y compleja» se ha venido fraguando en los últimos meses y está a punto de ver la luz en forma de convenio y de una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Puente explicó ayer los pormenores de una operación a la que se ha llegado gracias al «tozudo señor Saravia y su empeño de que la administración de la justicia no saliese de la plaza de San Pablo», según sus propias palabras. Para ello, el Ayuntamiento que dirige recurrirá a un inversor inmobiliario que se hará con la parcela del colegio El Salvador que, a su vez, será cedida a la ciudad a cambio, eso sí, de entregar 6.000 metros cuadrados de edificabilidad en el solar de La Electra, el inmueble situado en el Paseo Isabel la Católica, una de las calles de Castilla y León con el metro cuadrado más caro. El citado espacio contaba con una superficie edificable de 6.891 metros cuadrados que pasaría a tener 12.819, de los cuales unos 10.000 serían para uso residencial, es decir, para la construcción de viviendas de lujo, y el resto para usos terciarios (servicios públicos, comercio...).

Esta actuación lleva implícito que se retiren los recursos contenciosos presentados y, además, permitirá al Ayuntamiento mantener una parcela para edificar en el llamado sector Zambrana que, hasta ahora se pensaba permutar por El Salvador y que estaba valorada, según señaló Manuel Saravia, en unos siete millones de euros. Su venta posterior, según anunció el concejal de Urbanismo, se destinará a la regeneración urbana de una de las zonas más deprimidas de la ciudad, como es Aramburu-Las Viudas, en el barrio de las Delicia.

El socialista Óscar Puente calificó la operación de «redonda, de ‘triple bonus’, en la que prima el interés público y que tendrá un coste cero para el Ayuntamiento», aunque no quiso desvelar el nombre del inversor inmobiliario que comprará el Salvador y que ya ha adquirido La Electra a un fondo de inversión. Negó, eso sí, que se trate de una operación especulativa porque «la ciudad sale muy beneficiada», aunque reconoció que la promotora también busca su rentabilidad. El próximo 11 de septiembre mantendrá un encuentro con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que presentará el convenio para la Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto se puede empezar a diseñar, de forma que, según afirmó, «en las elecciones de mayo será una realidad».

Para el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, la operación no está tan clara, como tampoco lo es, según señaló su portavoz, Antonio Martínez Bermejo, que no tenga coste para la ciudad, ya que pierde las plusvalías del terreno. En cualquier caso, y a la espera de conocer el convenio al detalle, Bermejo apuestó por que el proyecto no sufra más retrasos.