El pueblo saharaui protesta en Valladolid contra la «traición» del Gobierno
La concentración pide que España asuma su «responsabilidad ética, histórica y jurídica»
El Movimiento Solidario con el Sáhara Occidental en Castilla y León y la Delegación del Frente Polisario en la Comunidad han celebrado este sábado una concentración bajo el lema 'Castilla y León con el Sáhara Occidental. Por el fin de la ocupación' y para hacer visible «la traición del Gobierno de España» a su causa , motivo por el que se desarrolló frente a la Delegación, en Valladolid, situada en la calle Francesco Scrimieri.
El delegado del Frente Polisario en la Comunidad, Mohamed Labat, ha informado en un comunicado remitido a Ical de que «hace unas décadas, el Sáhara Occidental formaba parte de la historia de España», por lo que reclama al Gobierno, «hoy más que nunca, que reflexione con su pasado para corregir sus errores», dado que debe «asumir su responsabilidad ética, política, histórica y jurídica y trabajar para la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui» , máxime cuando se trata «legalmente, de la potencia administradora 'de iure' del territorio».
El Sáhara Occidental tiene reconocido su derecho de autodeterminación como antigua colonia del Estado español (hasta 1975) en más de 60 resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como en resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, del Parlamento Europeo, de la Unión Africana y de centenares de gobiernos locales y regionales. Además, la causa saharaui también cuenta a su favor con una sentencia reciente de la Corte de Justicia de la UE, que anula los acuerdos de la Comisión Europea con Marruecos que afectan al Sáhara Occidental, y una resolución de la Audiencia Nacional que afirma que «el Estado español sigue siendo la potencia administradora 'de iure' del territorio».
Por todo ello, la Delegación del Frente Polisario en Castilla y León confió en que la concentración de este sábado permita «ejercer la presión necesaria para que el Gobierno rectifique su postura», dentro de un proceso de descolonización «inacabado» y que debe ser «resuelto de acuerdo al Derecho Internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad».
