Política
El PSOE pretende que una «romería» de políticos declare sobre la trama eólica
Villanueva y Ruiz, entre los más de 50 cargos desde 1995 solicitados
Una «romería» de altos cargos, exaltos responsables de la Junta de Castilla y León, así como técnicos, políticos y pocos responsables -más bien representantes- de empresas. Es el amplio abanico de personas que pretende reunir el PSOE en la comisión de investigación abierta en las Cortes sobre la presunta trama de cobros por la adjudicación y agilización de trámites de parques eólicos en la Comunidad, que podría rondar los 110 millones de euros. Y es que listado apuntado ya ayer -ampliable- por e l portavoz socialista en este órgano, Javier Izquierdo , abarca a más de 50 personas, de las que también reclama en la mayoría de los casos sus correspondientes declaraciones de bienes e intereses.
Los socialistas abren el abanico y remontan la memoria a 1995, año incluso previo al decreto de 1997 por el que se regulaba la tramitación de parques eólicos en la región. Y es que entre las peticiones de comparecencia figuran los delegados territoriales de las nueve provincias entre 1995 y 2005 , los jefes de servicio de Industria en ellas en el mismo periodo y los de Medio Ambiente desde entonces hasta la actualidad. Un grupo que elevaría a mucho más de 50 los comparecientes pedidos teniendo en cuenta que son varias las personas que han ocupado esos puestos en este tiempo.
Y señalan también más alto en sus reclamaciones. A la ya anunciada del exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva añaden la de la extitular de Medio Ambiente y también exvicepresidenta María Jesús Ruiz . Por el momento «no» ven «necesario» solicitar que comparezca el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pero «no lo descartamos», apostilló Izquierdo.
En el listado de comparecientes dado a conocer ayer -adelantándose a la fecha del 3 de noviembre fijada para que todos los grupos lleven sus propuestas- incluyen también a los ya avanzados de Federico Trillo, actual embajador de España en el Reino Unido, y los diputados Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme, como «posibles beneficiarios» a través del asesoramiento a empresas desde sus despachos.
El inspector de la Agencia Tributaria que elaboró el informe que dio origen a la investigación y la delegada en Castilla y León, Georgina de la Lastra, también figuran en el listado, que no se olvida de exviceconsejero Rafael Delgado, cuyo nombre presuntamente figura en la trama como beneficiario de esos cobros, y de Begoña Hernández, también exviceconsejera.
Origen de la «anomalía»
Piden también que acuda Alberto Esgueva, exconsejero delegado de Excal y del Grupo San Cayetano, una de las empresas que supuestamente participó en esos movimientos de compra de acciones entre promotores de parques eólicos que multiplicaron su valor en vísperas de la autorización.
La solicitud de comparecencias -políticas y sin nombres de esos empresarios que presuntamente participaron en esos pagos- abarca a hasta cuatro directores generales de Energía y Minas y otros tantos de Calidad Ambiental. De hecho, el PSOE ve «muy importante» que entre los primeros en pasar por las Cortes para dar explicaciones esté Manuel Ordóñez Carbelleda, director general de Energía y Minas cuando en 2004 se firmó el decreto por el que las competencias para la autorización de parques eólicos pasaban de los jefes de servicio de Industria de cada provincia a centralizarse en el viceconsejero de Economía, por entonces Rafael Delegado. «Esta gran anomalía -esa avocación de competencias, en principio, estaba reservada para casos excepcionales- es la que genera estos lodos que hoy nos encontramos», denunció Izquierdo, quien sin utilizar prácticamente las palabras supuesto o presunto en su intervención dio por sentados esos posibles pagos para «acelerar» la concesión de licencias para la instalación de aerogeneradores en Castilla y León.
De todos los cargos públicos de la Junta reclama también sus correspondientes declaraciones de bienes desde que accedieron al puesto. En el caso de Villanueva, por ejemplo, desde 1995. Eso forma parte del extenso listado de documentación. El carro de papeles a analizar sobre un asunto que ya está siendo investigado por la Justicia -a través de la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de la Agencia Tributaria que dio origen al caso- incluye, entre otros, la relación de las instalaciones inscritas en el registro de producción eólica; el cronograma de expedientes de parques desde 1997 -en la región hay activos más de doscientos-; «todos» los expedientes por los que se autorizan cambios de titularidad, así como los tributarios sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados derivados de estas operaciones; o los expedientes remitidos por la Junta a la Fiscalía.
También ven «claves» las escrituras relacionadas con los cambios de titularidad Energía Global Castellana , de los hermanos Esgueva, «para demostrar ese tráfico económico», señaló el portavoz socialista.
En cabeza, el informe elaborado por la Agencia Tributaria y que la semana pasada acordó reclamar la comisión de investigación. Un documento que el PP considera básico para comenzar los trabajos, pero que desde el PSOE consideran «importante, pero no determinante», por lo que reclamaron a los populares que «no lo conviertan en obstáculo» para que comiencen la investigación.
200 parques
«Espero que el PP no se niegue a las comparecencias», reclamó su compañero de filas en esta comisión de investigación José Francisco Martín, quien señaló que «no» es necesario esperar al informe de la Agencia Tributaria, ya que ha casos en los que sólo es necesario acudir a las publicaciones del Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) para comprobar los plazos de las operaciones. De oponerse el PP, lo considerarían «un claro intento de obstrucción», advirtieron los socialistas, quienes ya dejaron claro que no quieren un «desfile» de técnicos que expliquen las autorizaciones «porque eso ya nos lo sabemos» y, además, «no» se ha cumplido correctamente con el procedimiento.
«Lo conocido públicamente nos tememos que es la punta del iceberg», dice Izquierdo
«Lo conocido públicamente nos tememos que es la punta del iceberg», afirmó Izquierdo, quien aseveró que pese a que la investigación se centra en «entre 30 y 40 parques» autorizados en esa etapa, hay autorizados más de 200 y, «por lo que nos han dicho, algunos no construidos también llevaban mordida». Según Izquierdo, «el miedo que hasta ahora había va desapareciendo en gran parte» y hay personas -que no citó- que «nos van informando» y ayudan a «esclarecer un escándalo de primer orden».
Desde el PP prefirieron no manifestarse al respecto y será en la reunión del martes cuando se pronuncien.
