El Procurador del Común exige vigilancia en las zonas de baño tras un trágico mes de julio

Destaca que en los 21 fallecimientos por ahogamiento de este año no había servicio de salvamento

Considera que las medidas de seguridad de las piscinas públicas no son suficientes

Imagen del embalse de Maderuelo, en la provincia de Segovia I.J.

J. M. A.

El Procurador del Común exigió este jueves la aprobación urgente de una normativa autonómica que garantice o aumente la presencia de socorristas en las diferentes zonas de baño de Castilla y León después de que durante el pasado mes de julio hasta once personas perdieran la vida ahogadas en la región.

En el caso de las denominadas piscinas naturales, destacó que en algunas comunidades autónomas ya prevén la introducción de medidas exigiendo en las mismas la presencia de un servicio de vigilancia y recordó que todos los fallecimientos de este año 2019, a la fecha de elaboración de esta recomendación, 21 personas, lo han sido en zonas que carecían de vigilancia, «lo que nos enfrenta a un problema de una evidente dimensión e impacto en la sociedad frente al que las administraciones no pueden permanecer indiferentes» . Por este motivo, «resulta necesario que se dicten las oportunas instrucciones en materia de seguridad humana estableciendo un catálogo de zonas prohibidas y garantizando la adecuada protección en las zonas de baño incluidas en el censo oficial cada temporada», lo que para el Procurador pasa por « la exigencia en las mismas de un servicio de socorrismo o primeros auxilios , que sería el encargado de señalizar y balizar la playa y la zona de baño».

En un informe anterior ya se apuntaba que «la seguridad de una zona de baño natural no se agota con la garantía de la calidad sanitaria de sus aguas, puesto que existe un componente de riesgo que tiene relación con el medio físico en el que se ubican estas áreas de baño y cuya configuración física puede cambiar».

En cuanto a las piscinas de uso público y después de analizar los informes recibidos por la Junta sobre este aspecto, el Procurador constató que la situación de falta de regulación estatal se mantenía y esa carencia no había sido suplida por ninguna norma autonómica en la Comunidad. Según Tomás Quintana López , la actual normativa y sus previsiones en cuanto al número de profesionales de salvamento y prevención que deben prestar su servicio en estas instalaciones «han resultado superadas por la situación real que se produce en las piscinas», no solo por la cantidad de usuarios que acogen, «sino también por los elementos o accesorios que en ocasiones requieren algunas prácticas de ocio o deportivas —aletas, trajes neopreno, gafas, cámaras acuáticas, ...— o los introducidos por los propios titulares de la instalación para incrementar la afluencia de visitantes —hinchables, tapices, trampolines, toboganes, sistemas de impulsión o nado contracorrientes, piscinas de olas, ...—.

Piscina cubierta de Palencia ICAL

Quejas de usuarios

Por ello, el Procurador del Común apuntó que se deben introducir «nuevos requisitos mínimos y actualizados de la dotación de los botiquines» , entre los que se debe incluir la obligatoriedad de contar con un desfibrilador externo (DESA). así como «limitaciones a los materiales de flotación y ropa de baño y de altura para las atracciones flotantes», obligando «a su efectiva sujeción y/o instalación, en su caso, en una zona acotada del vaso».

El llamamiento de Tomás Quintana se produce tras recibir varias quejas en las que se solicitaba la adecuación y adaptación de la normativa de piscinas «a la nueva realidad social que se viene detectando en la utilización de estas instalaciones». En varias denuncias también se referían a «la falta de homogeneidad en los servicios de prevención y salvamento que se prestan en las zonas de baño en la naturaleza situadas en la Comunidad».

Además de múltiples piscinas, Castilla y León cuenta este año con 30 zonas de baño natural —cinco menos que en 2018— controladas sanitariamente. Sin embargo, alguno de los últimos accidentes mortales se han producido en lugares donde no estaba permitido entrar en el agua . Es el caso del joven de 15 años que fallecía el pasado 27 de julio en las aguas del embalse del Pontón Alto, situado cerca de la localidad de Valsaín, en el municipio de La Granja de San Ildefonso. Al parecer, el chico se lanzó al agua del pantano sin que lograra salir a la superficie y en lugar donde las autoridades advierten una y otra vez de la prohibición.

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