«Los preferentistas de Castilla y León fuimos los peor tratados»

Las asociaciones de afectados por las preferentes denunciaron ayer haberse sentido «desamparados» y criticaron la falta de «supervisión» por parte de las administraciones a la hora de frenar esta «estafa». El portavoz de este colectivo, Basilio Garmón , que ayer declaró en la comisión de investigación de las cajas de ahorro, insistió en que la responsabilidad en la comercialización de las preferentes ha estado «muy extendida» y dijo haber echado en falta a la Junta de Castilla y León a la hora de supervisar este producto.

Garmón recordó una reunión con responsables del Ejecutivo autonómico a quienes expusieron su «malestar» por la situación que se estaba viviendo y por el hecho de que la Junta «no había vigilado suficientemente a las cajas», una responsabilidad que, sin embargo, no asumió el Gobierno regional a pesar del contenido de la Ley de Cajas que así lo contemplaba.

Aunque reconoció que la principal responsabilidad correspondía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía que haber velado por la supervisión por encima del resto, estimó que esa responsabilidad es «compartida» tanto con el Gobierno central como con los autonómicos.

Los preferentistas reclamaron soluciones a los políticos, como se ha hecho en otras comunidades, por lo que dijeron sentirse «de un orden inferior» en Castilla y León. Garmón puso como ejemplo el caso de Bankia que se intentó arreglar «lo mejor posible», aunque también elogió el trabajo desarrollado en comunidades como Galicia o Cataluña donde los gobiernos autonómicos hicieron «presión». «Todos buscaron soluciones diferentes y nosotros fuimos los peor tratados porque nuestras autoridades no pusieron nada de su parte para intentar que el Gobierno nos tuviera en la misma consideración que al resto», añadió.

«El producto era legal, pero no puedes vender un Mercedes a un señor con un sueldo de 400 euros si eres una persona honrada», estimó Garmón, quien incidió en que la Dirección comercial vendía «en contra del propio cliente» .

Garmón cifró en unas 6.900 las sentencias falladas favorablemente a los preferentistas. Sin embargo, lamentó que todavía hay unas 3.500 familias que se encuentran «en el limbo» y puso de relieve también «la pérdida de salud de los afectados».