Política
El PP propone que se puedan reconocer y pagar los méritos de todos los funcionarios
Presentará una proposición de ley en las Cortes regionales que espera aprobar antes de mayo
El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentó ayer en Valladolid una iniciativa parlamentaria para extender la llamada «carrera profesional» a todos los empleados públicos de la Junta que, en la actualidad, rondan los 85.000. La medida tendría un impacto económico de 75 millones de euros, una partida que, según explicó, se incorporaría a los Presupuestos de la Comunidad de 20120.
La propuesta de los populares se materializará en la presentación de una proposición de ley en las Cortes regionales que, de tomarse en consideración -sólo con sus votos saldrá adelante- pasaría al Ejecutivo autonómico para su elaboración y desarrollo como texto normativo. La propuesta de los populares supone extender la carrera profesional a todo el colectivo de empleados públicos de la Junta, así como a los 9.000 docentes de los centros concertados. Hasta ahora, sólo los trabajadores sanitarios de Sacyl tienen derecho a la carrera profesional que, en la práctica, es el reconocimiento de los méritos profesionales del empleado, lo que se traduce en un complemento económico en su nómina.
Cuatro grados
Según explicó Fernández Mañueco, con la iniciativa del PP, se pretende «apostar por la calidad del empleo público desde una visión global y pionera», así como, «hacer un reconocimiento a todos los trabajadores» de la función pública, no sólo a un grupo, como ocurría hasta ahora. De hecho, la fórmula que se aplicará será similar a la prevista para los sanitarios que, por cierto, recuperarán en breve el reconocimiento de la carrera profesional, dado que se paralizó con la llegada de la crisis, en 2012. De esta forma, y a expensas de que se elabore la proposición no de ley, se contemplarán cuatro grados o categorías de reconocimiento, siempre con un carácter voluntario. Podrán acceder a la convocatoria los empleados públicos que lleven más de cinco años en su puesto de trabajo y deberán acreditar los méritos relacionados con su trayectoria, desde la calidad de su labor, a otros conocimientos adquiridos, experiencias, publicaciones o actividad docente.
Incluye una partida de 75 millones en 2020 para extender la carrera profesional a todos los empleados públicos
Fernández Mañueco insistió en su deseo de que la medida se ponga en marcha lo antes posible, si bien reconoció que, una vez aprobada en las Cortes y convertida en Ley, necesitará de todo el próximo año para su desarrollo reglamentario, para proceder después a las convocatorias. De hecho, en la propuesta de los populares se incluye una dotación presupuestaria de 75 millones de euros para 2020, no así para 2019. No obstante, se incluirá una cláusula de salvaguarda, por la que la medida se puede seguir aplicando cuando las circunstancias económicas no sean las adecuadas.
Para la elaboración de la proposición de ley, los populares han mantenido encuentros con los representantes sindicales de la función pública. A partir de ahora, según dijo el presidente del PP, pretenden negociar con la oposición parlamentaria en las Cortes para que la iniciativa salga adelante con el mayor consenso posible.
Alfonso Fernández Mañueco negó que se tratase de un anuncio electoralista realizado a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. «Los empleados públicos son una prioridad para el PP porque han tenido que hacer muchos sacrificios durante la crisis», señaló. En cualquier caso, se mostró sorprendido de que algún partido pueda hacer esa crítica cuando «ellos han hecho los mismo con otro colectivo», en referencia a la iniciativa presentada por todos los grupos de la oposición para que se reconozca la carrera profesional de los veterinarios.
«Nueve años sin cumplirse», según el PSOE
Así las cosas y a la espera de que el PP registre su proposición de ley en las Cortes, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, José Francisco Martín, denunció que «la última promesa de Mañueco ya figura en un acuerdo entre Junta y sindicatos» firmado en mayo de 2009, pero lleva «nueve años sin cumplirse».
Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño aseguró que «aceptamos el órdago» que, a su juicio, supone la iniciativa de los populares aunque lo calificó como «una medida de Mañueco para su carrera electoral». Matizó, no obstante, que «no estamos dispuestos a vender ilusiones» ya que «de momento no tenemos presupuestos y en 2020 no sabemos lo que va a pesar», por lo que insistió en que «lo primero que tienen que hacer es sentarse a negociar las Cuentas de la Comunidad para el próximo año. Más tajante fue la procuradora de Podemos, Natalia del Barrio, para quien una reforma de la función pública «no se puede hacer de forma unilateral sino que tiene que ser sosegada y pausada» por lo que no considera que la iniciativa fuese la forma más adecuada para llevarla a cabo.
