El PP presentará una moción en la Diputación de León para «luchar contra la ocupación ilegal de viviendas»

Piden instar al Gobierno a aprobar de manera urgente una ley que «combata eficazmente» la ocupación ilegal de viviendas

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El Grupo Popular de la Diputación de León ha registrado este martes una moción para su debate y aprobación en el próximo Pleno en la que se solicita el compromiso de institución provincial con «la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas», algo que han considerado « perfectamente compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda», según ha recogido Ical.

Los populares han apuntado que a día de hoy hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado, «unos datos preocupantes y un problema creciente que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada sino que altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes ».

Asimismo, el Grupo ha señalado también como preocupante «la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente».

Por todo ello, los populares buscan el apoyo del Pleno a su propuesta para instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada que «combata eficazmente» la ocupación ilegal de viviendas.

Del mismo modo, solicitan al Pleno su apoyo a las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

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