El PP abre expediente disciplinario a Gómez de la Serna y Arístegui para investigar posibles incompatibilidades

El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco , ordenó anoche la apertura de un expediente disciplinario al diputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna y al embajador de la India, Gustavo de Arístegui, con el objeto de investigar la veracidad de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que apuntan posibles incompatibilidades en sus cargos. Un comunicado del PP recuerda que la apertura del expediente disciplinario «no prejuzga la resolución del mismo», informa Ical.

Este jueves, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, abogaba por la r evisión de la normativa sobre las incompatibilidades de los políticos : «La política no tiene por qué limitar la vida profesional de una persona, pero tampoco puede ser utilizada para la vida profesional o laboral de una persona. Ni una cosa, ni la otra». En este sentido, se mostró partidaria una «una ley clara» en la que se fijen de forma «clara» qué actividades se pueden ejercer mientras se ostenta un cargo. Pero, siempre, incidió, teniendo en cuenta que «ni puedes impedirle -al político- ser un buen profesional, ni el hecho de dedicarte a la política puede romperte la vida profesional». «Pero, utilizar la política para medrar, no», subrayó Valdeón.

Partiendo de la base de que ejercer esta labor «no tiene que ser, a priori, incompatible con todo», la número dos del Gobierno de Herrera recalcó que la legislación «tiene que tener muy claro qué es compatible y qué es incompatible». «Clarificar más» y poner unos «límites» a través de una ley «más contundente», reclamó, para «evitarnos que tengamos que hacer juicios morales o de legalidad», «interpretaciones» o que dependan de «la buena voluntad de las personas» o de «lo que nos parezca a nosotros».

Valdeón insistió en asegurar que «cuanto más claras estén las cosas es mejor para todos» y consideró que «sería bueno que se revisara» el procedimiento de concesión de incompatibilidades , al que una Comisión específica en la Cámara Baja da o no el visto bueno a cada solicitud. «El Congreso tendrá que revisar esas declaraciones, me parece que es su obligación. Y si lo encuentra compatible, los demás podemos decir poco», afirmó Valdeón, quien apostilló que, si no es así, «algo que habrá que hacer».

En el caso de Castilla y León, la vicepresidenta recordó que existe un Código ético aplicable a los altos cargos de la Junta, aunque, añadió, «por extensión puede ser aplicable a cualquier político». «Ahí tenemos que ser rigurosos.