La Policía no ve indicios de destrucción del expediente del marido de Silvia Clemente
El juzgado de instrucción que investiga estos hechos no mantiene, por el momento, la condición de investigado a nadie por lo que podrá archivar el caso
La Policía Judicial ha elaborado un informe en el que certifica que no existen indicios de destrucción de expedientes relativos a unas ayudas que la Consejería de Agricultura denegó al empresario Javier Meléndez, marido de Silvia Clemente, y cuya desaparición denunció la Junta de Castilla y León a la Fiscalía.
La empresa Meléndez, propiedad de Javier Meléndez -actual marido de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León por el PP y ahora candidata a las primarias de Cs a la Junta, Silvia Clemente-, es una de las compañías más importante del país en el sector de la patata.
Esta empresa se encuentran entre las varias que han obtenido ayudas por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, organismo que entre 2007 y 2015 dirigió Silvia Clemente.
Una de estas ayudas, por alrededor de 598.000 euros, es la causa de un enfrentamiento judicial que mantiene Javier Meléndez con la Junta de Castilla y León desde algo más de un año y que ha acabado en la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, que dentro de unos días dictará sentencia.
El caso se centra en un proyecto que patatas Meléndez puso en marcha junto al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), dependiente de la Consejería, y una empresa tercera dedicada a desarrollar proyectos objeto de subvención pública.
Estas tres partes pusieron en marcha un proyecto que presentaron a la Consejería de Agricultura, que lo tramitó, pero que finalmente lo rechazó hace algo más de un año, según han informado a Efe fuentes del caso, quienes han explicado que no es cierto que esta subvención se concediese en la época en la que Silvia Clemente era consejera y luego se rechazase cuando dejó de serlo. Y es que esta subvención, que está en el centro de la polémica, nunca se llegó a adjudicar. Se tramitó, pero se rechazó.
En ese momento, la empresa Meléndez, según estas fuentes, solicitó al Itacyl -organismo que no concede subvenciones sino que se dedica, entre otras funciones, a respaldar proyectos de empresas-, la documentación del expediente y la justificación del rechazo argumentado por la Consejería, pero esa documentación no se entregó.
Cuando el TSJCyL comenzó a estudiar el caso, requirió a la Junta esa documentación que, según ha confirmado este viernes la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha desaparecido y no existe «ni en formato físico ni digital», por lo que lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que trasladó el caso a un juzgado de Instrucción de Valladolid.
De este modo, está pendiente por resolver, por un lado, en el TSJCyL esa negativa de la Junta a conceder esa ayuda para el proyecto de Javier Meléndez y, por otro, un procedimiento penal abierto en un juzgado de instrucción de Valladolid que investiga la desaparición de ese expediente.
Fuentes del caso han explicado a la agencia Efe que el juzgado cuenta con un informe de la Policía Judicial en el que certifica que, como consecuencia de la investigación realizada por la desaparición de este expediente, no existe ningún indicio de que se hayan destruido o se haya producido algún tipo de actuación delictiva. Además, el juzgado de instrucción que investiga estos hechos no mantiene, por el momento, la condición de investigado a nadie por lo que podrá archivar el caso, pero ese expediente sigue sin aparecer.
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