Parcialidad y desigualdad

En un país donde continuamente nos jactamos de disponer de leyes que garantizan la igualdad de todos sus ciudadanos nos encontramos una vez más, y entre otros casos, con las pruebas de acceso a los estudios universitarios, en las que la parcialidad y la desigualdad, son las dos palabras que mejor definen a los exámenes que, hasta el momento, determinan el acceso a la Universidad Pública Española.

La coexistencia de diecisiete conjuntos de pruebas distintas, una por Autonomía, conlleva, a pesar del seguro y estricto cumplimiento de mínimos en todos los aspectos exigibles, que unas sean más asequibles que otras en cuanto a los conocimientos precisados para su superación, lo que genera una inevitable falta de objetividad y uniformidad en los criterios de evaluación, sobre todo, a la hora de poner en «orden numérico», según las calificaciones obtenidas, a los alumnos que desean iniciar estudios universitarios que tienen limitado su acceso con un número determinado de plazas, tal y como ocurre en el Grado en Medicina, generando desigualdad de trato y oportunidades y no pudiendo por lo tanto asegurar que son los mejores y los que más lo merecen los que han ocupado esas plazas. Esta situación, ya de por si inaceptable, se vuelve aún más perniciosa cuando, de manera continuada, una serie de Comunidades Autónomas son las que demuestran tener unas exigencias más laxas con sus estudiantes, copando, como se puede comprobar, los primeros puestos en los listados de alumnos admitidos, a lo que hay que añadir que curiosamente coinciden con las Autonomías peor evaluadas según los criterios PISA.

Al margen de situaciones asombrosas, como los resultados que han obtenido los estudiantes catalanes en el examen de lengua castellana que han superado la media con respecto a los castellano y leoneses, o las medias de sobresalientes por Comunidades Autónomas publicados en diferentes medios de comunicación, nuestros datos hablan por sí solos, la Facultad de Medicina de Salamanca, al igual que el resto, está sometida a una restricción en el número máximo de alumnos que puede admitir, en el próximo Curso Académico serán 182, y para ello contamos con 4917 solicitudes de las que 3412 han seleccionado como primera opción a Salamanca, nuestra Facultad es una de las más demandadas del país, estando todas ellas debidamente ordenadas según las calificaciones obtenidas por los alumnos. Si analizamos la procedencia de los 700 primeros puestos, cuyas evaluaciones, que sobre un máximo de 14 puntos, van de los 13,925 del primer solicitante a los 12,646 del que ocupa el último puesto analizado, comprobamos como el 52% (364 alumnos) pertenecen a tres Comunidades Autónomas: Andalucía 27,9% - 195 alumnos, (puesto 17 de 17 en la valoración PISA), Canarias 12,2% - 85 alumnos, (puesto 16 de 17 en la valoración PISA) y Extremadura 11,9% - 83 alumnos, (puesto 15 de 17 en la valoración PISA). Castilla y León, la Autonomía mejor valorada según PISA, se encuentra en cuarto lugar con el 9,1% (64 alumnos), repartiéndose finalmente el 38,9% las trece Comunidades Autónomas restantes.

A estos datos, como a muchos otros, se les puede buscar todo tipo de justificación tanto de refuerzo como de rechazo, pero como docente, como investigador y como gestor que soy, me encuentro obligado a buscar los mecanismos más justos para evaluar conocimientos y resultados y aunque la perfección sea inalcanzable, las diversidad de pruebas que actualmente se llevan a efecto en nuestro país no contribuyen a la obligada búsqueda de la equidad sino a mantener intereses que, en algunos casos, poco o nada tienen que ver con la formación universitaria y el acceso a la misma.

Las soluciones son sencillas en su planteamiento y ejecución, el diseño de la prueba es correcto en su concepto y cumplirá el objetivo para el que se ha creado si se lleva a efecto de manera única y simultánea en todo el territorio nacional, consensuando previamente entre todas las Autonomías los contenidos, que podrán ser más o menos exigentes sin generar desigualdad, dado que afectarán por igual a todos los estudiantes, y así estaremos más seguros de ser objetivos y consecuentemente justos con las evaluaciones realizadas, garantizando que sean los mejores los que ocupen los puestos ofertados.

Otro aspecto complementario de gran interés es regular la confección de las listas de acceso a los estudios con plazas limitadas, estas deben ser únicas para facilitar y agilizar el proceso de matriculación de los alumnos en los estudios correspondientes, evitando el actual «peregrinaje» y modificaciones de matrículas que perjudican a la gestión de los centros y a los propios alumnos. En lo que al Grado en Medicina a este respecto atañe, de nuevo, cada Comunidad Autónoma confecciona sus listas dependiendo de los solicitantes de tal manera que un mismo alumno puede figurar en diferentes listados, de diferentes Autonomías, para tratar de asegurarse una plaza y conforme va siendo admitido en diferentes Facultades va matriculándose y cancelando matrículas dependiendo de sus intereses personales, lo que crea una complicada situación administrativa y prolonga en exceso los periodos de matrícula que en estos momentos llegan incluso a bien avanzado el mes de octubre, más de un mes después de haber dado inicio la docencia del Grado. Con una lista única, las cerca de 7000 plazas que se ofertan para todas las Facultades de Medicina podrían estar asignadas en un tiempo record utilizando un sistema similar al empleado en la adjudicación de plazas MIR lo que ahorraría gastos a los solicitantes, facilitaría la gestión de las matrículas y no se perderían días de formación en un Grado que desde el primer momento exige tanto a sus alumnos.

En diferentes medios de comunicación, y ante las claras evidencias que año tras año se observan y publican, sin olvidarnos de la presión social que cada día cobra más fuerza, miembros de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, las Conferencias Nacionales de Decanos en cuyas titulaciones existen restricciones de acceso, responsables de Ministerio de Educación Cultura y Deporte, varias Consejerías de Educación, etc. han hecho pública su opinión a favor de elaborar y poner en marcha una prueba única a nivel nacional, ¿Dónde está entonces el problema? Posiblemente algunos de los pecados a confesar sean tratar de rentabilizar en votos el mantenimiento de este sistema y justificar, al mismo tiempo, que determinadas valoraciones de conocimientos de sus comunidades no son tan trascendentes como se piensa.