La Orden de Caza paralizada impedirá abatir las especies más dañinas

M. ANTOLÍN

07/03/2019
Actualizado a las 10:04h.

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Nuevo varapalo judicial a la caza en Castilla y León. Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha paralizado ahora a través de otro auto la Orden de Caza, después de que la pasada semana anulara de forma cautelar el reglamento de la conservación de las especies y el control de la fauna. En la práctica esto supone que en el territorio regional no se podrán emitir nuevas autorizaciones que permitan abatir conejos y jabalíes por los daños que estos animales provocan en los cultivos debido a su elevada población. Sin embargo, los permisos otorgados hasta ahora continúan siendo válidos.

Para la Junta de Castilla y León era «algo esperado» porque continúa con la misma argumentación de todas las resoluciones anteriores. La nueva decisión judicial ha sido tomada también por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la misma que ha adoptado las medidas más relevantes en cuanto a la caza se refiere en la región.

El fallo de la pasada semana anulaba el documento en el que aparecían las especies cinegéticas de la región y, por tanto, prohibía también su caza. Lo que supone ahora este nuevo auto es paralizar además la expedición de nuevas autorizaciones para poder capturar conejos y jabalíes por los daños que causan en los cultivos. Si bien esta última decisión no entrará en vigor hasta que la paralización sea firme.

El tribunal castellano y leonés estima con esta nueva decisión la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista, Pacma. Según lo expuesto en el recurso, esta organización pedía la suspensión cautelar de la orden anual de caza debido a que posibilitaba «la caza de especies de la fauna silvestre sin contar con estudios científicos objetivos y actualizados que permitan, desde el punto de vista de la actualización de la especie, la práctica de esa actividad», informa Efe.

Frente a esto, la Administración autonómica consideraba que «no hay ningún principio de prueba de esta afirmación y que ninguna de las especies que pueden ser cazadas son especies protegidas». Sin embargo, el auto admite que «los daños pueden producirse en la medida que se permita la caza de especies sin contar con información relativa al nivel de población, distribución geográfica y tasa de reproducción de las distintas especies silvestres y al grado de incidencia de la actividad cinegética en la conservación de las mismas».

El auto cuenta, al igual que el anterior, con un voto particular de uno de los magistrados, quien argumenta que «la mera invocación a la conservación de la especie no puede prevalecer» frente a los perjuicios de los que se da cuenta en informes de varios.

Ante esta situación, el Gobierno de Castilla y León y todos los partidos políticos representados en las Cortes, salvo IU y Podemos, decidieron la pasada semana unirse para presentar una proposición de ley que permita que se pueda seguir cazando en Castilla y León. Su intención es que se tome en consideración en el próximo pleno del 12 de marzo y que se apruebe en la que será la última sesión de la legislatura, el día 27 de ese mismo mes. Por su parte, la Federación regional de caza y las organizaciones profesionales agrarias también han sido muy críticos con la decisión del tribunal castellano y leonés.

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