Ofensiva vasca ante los «indicios» de que Garoña vuelva a funcionar

La burgalesa central de Garoña aún no ha escrito su último capítulo. Es más, parece que su historia tiene un final abierto o, al menos, eso «temen» en el Parlamento vasco donde consideran que hay indicios más que evidentes de que la nuclear reanudará su actividad incluso antes de las elecciones. Tal es así que ayer se aprobó una nueva iniciativa, con el apoyo del PNV, el PSE y EH Bildu, en la que rechazan la reapertura de la planta y denuncian la falta de información del Gobierno central.

La resolución, que contó con la oposición del PP y la abstención de UPyD, llega después de dos actuaciones que los partidos vascos interpretan como medidas encaminadas a la reapertura de la central , que cesó en su actividad en diciembre de 2012. Es el caso del proyecto de almacén temporal de residuos nucleares proyectado para la planta y que el pasado mes obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Con estas instalaciones se permitiría el almacenamiento de los desechos durante un periodo de hasta diez años para su posterior traslado al Almacén Temporal Centralizado previsto por Enresa en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca).

La respuesta a esta actuación llegó ayer desde el Parlamento vasco, que acordó ayer instar al Gobierno autonómico a interponer un recurso contra dicha declaración . Además, y ante la posibilidad de que intente reabrirse la central, pide amparo a la Comisión Europea para que supervise el procedimiento para la concesión de una eventual licencia de apertura y que, en todo caso, «se asegure el cumplimiento de las exigencias de seguridad». En la iniciativa de los parlamentarios vascos también se criticó la «falta de información del Gobierno central sobre el futuro de la central», un punto que llevó al PP a votar en contra, al entender que «no hay nada que denunciar porque actúa en función de sus competencias».

Junto al almacén, este mismo mes se ha dado otro paso que, al menos en principio, juega a favor de la planta burgalesa ya que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) respaldó el pasado 12 de noviembre la incorporación de varias mejoras técnicas en la central , como paso previo a su posible reapertura y prolongación de su vida útil hasta el año 2031. Las medidas propuestas, que afectan a la presión y temperatura de la vasija del reactor, fueron aprobadas por cuatro votos a favor y uno en contra, el de la socialista Cristina Narbona.

La decisión del CSN llevó al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Álava a encargar a un equipo de juristas fórmulas legales contra la «carrera del PP» para reabrir la nuclear . Las dos instituciones caminan, de esta forma, de la mano, aunque cuentan también con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria, cuyo alcalde Gorka Urtaran (PNV) acusó al PP de «ningunear» a los alaveses con su apuesta clara por reabrir Garoña.