El nuevo Plan de Carreteras de la Junta prevé modernizar 2.300 kilómetros

La consejera reprocha al Gobierno que «obvie las necesidades de movilidad interna»

La consejera de Movilidad llega a la comparacencia con su equipo HERAS

Clara R. Miguélez

Turno en el asiento de la nueva consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral . Según la agenda de la ronda de comparecencias de las Cortes, era el momento de que marcara las principales metas de su equipo para esta legislatura, que estructuró en torno a las tres temáticas que abarca: carreteras, transportes y transformación digital.

En su intervención, anunció un nuevo Plan de Carreteras que arrancará en 2023 y concluirá en 2034 con el objetivo de modernizar al cien por cien la Red Complementaria Preferente, que ya estaría adaptada en un 80% de sus 4.493 kilómetros. Esa mejora pasa por ensanchar la calzada hasta los seis metros, y para ese porcentaje pendiente se prevén «más de 200 actuaciones de modernización sobre 2.300 kilómetros y más de 800 obras de refuerzo en otros 8.800». Además, aunque reconoció que no habría grandes avances en nuevas vías , sí que nombró varias actuaciones puntuales, entre las que citó el desdoblamiento entre Segovia y La Granja para asumir una alta intensidad del tráfico; un puente sobre el río Esla que conecte la LE-213 y la N-625 (León); o una conexión en Burgos -entre la N-623 y la CL-629- con el objetivo de evitar el desfiladero de Peñahorada.

González Corral aseguró también que se colocará señalización inteligente en una decena de tramos para evitar accide ntes con los animales silvestres. Además, reservó una crítica al Gobierno por no haberse acordado de las carreteras a la hora de repartir fondos europeos: «Ha obviado claramente los intereses de las comunidades y las necesidades de movilidad interna», reprochó.

Movilidad rural

Las diferencias de criterio con el Ejecutivo también se hicieron patentes a la hora de sobrevolar las actuaciones en Transportes. ¿El punto de fricción? Las opciones para ir de un sitio a otro en los entornos más rurales. El discurso de la titular indicó su «preocupación» por lo que plantea el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que indicó que «carece de una visión global de la movilidad que incorpore el mundo rural». En contraposición, este aspecto sería crucial para la Consejería para equilibrar el territorio y luchar contra la despoblación, por lo que González Corral indicó que reformularán todo el sistema público y sus concesiones con esta movilidad rural como «prioridad». En este caso sí con 20 millones ‘europeos’ como presupuesto . En este campo también recordó instrumentos como las subvenciones para mantener servicios deficitarios o la congelación de tarifas de billetes durante tres meses para evitar el impacto de la subida de precios en el viajero. Además de preparar el Bono Castilla y León Rural Joven (hasta los 26 años), está sobre la mesa el Bono Castilla y León 20, que como ya se había anunciado con anterioridad, ofertará una tarifa plana mensual por 20 euros.

Por último, en las pinceladas dedicadas a telecomunicaciones y transformación digital, no podía faltar una previsión respecto a la «imprescindible» llegada de cobertura móvil e Internet a todo el territorio. A este respecto, la consejera recordó que desde 2020, el modelo establece que las ayudas públicas sólo pueda concederlas el Estado, por lo que, de momento, Castilla y León tiene que organizar sus 22 millones asignados para repartir entre inyecciones para operadores, comunidades de vecinos o familias vulnerables. Las previsiones se mantienen. Para 2023, el 90% de la Comunidad tendrá una conexión de 100 Mbps y, en el móvil, toda la población recibirá al menos 30 Mbps de banda ancha.

Dentro de las competencias digitales, ya hay una inversión prevista de cuatro millones y medio en ciberseguridad, así como una lista de mejoras digitales en la administración pública (formación de personal o modernización de soportes, entre otros). D espunta el proyecto ‘Territorio Rural Inteligente’ , que se pondrá en marcha mano a mano con las diputaciones provinciales y propone operar algunos servicios -como recogida de basuras o alumbrado- con Internet de las Cosas (IoT) y sensores, es decir, de manera automatizada. Además, 15 millones de euros de financiación europea, recordó González, irán a parar a la construcción de una sede para Scayle, el centro de supercomputación de Castilla y León, del que se esperan muchas opciones añadidas de cálculo, investigación y almacenamiento masivo de datos.

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