Nuevo modelo de ordenación del territorio «simplificado y flexible»

Carpetazo a la Lorsergo de 2013, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León con la que se buscaba dibujar el mapa de la comunidad en base a la prestación de los servicios públicos. Lo que pretendía ser la solución definitiva para un territorio disperso y con baja densidad de población, acabó bloqueada ante la falta de acuerdo, en el medio rural -con una oposición encabezada por el PSOE- para el diseño de lo que se denominó las Ubost (Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio). Con semejante terminología y mientras el medio rural se resistía a perder sus comarcas, mancomunidades o, incluso, las «cabeza de partido», no era de extrañar que, al margen de las disputas políticas, la pretendida ordenación acabase en una vía muerta sin posibilidad de continuar.

Ahora, dando cumplimiento a un compromiso de legislatura, nace una nueva ley, a partir de la modificación de la de 2013, que pretende ser «más simplificada, flexible y abierta» , con las diputaciones provinciales con mando en plaza para llevar a cabo esa reordenación, cuando anteriormente eran las delegaciones territoriales de la Junta.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha argumentado la necesidad de modificar la citada norma, impulsada por el que fuera vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en que «tenía un notable error de diseño que hizo que fuese poco factible avanzar» ya que, aunque sus redactores fuesen «bienintencionados», un proyecto no es útil si no avanza. En este punto, recordó que el Parlamento autonómico no es de «ángeles», aludiendo así al bloqueo al que se sometió a esta norma legislativa por parte de los socialistas. «Llevamos ocho años con la Ley, no se puede petrificar», añadió. En este aspecto, anunció que ya ha mantenido conversaciones con el resto de grupos de la oposición, salvo el PSOE, y confía en contar con su apoyo para aprobar el proyecto de ley en las Cortes autonómicas. Igea no pudo evitar ironizar ante la posibilidad de que haya un cambio de gobierno en la Comunidad y la nueva ordenación se vaya otra vez al traste. «Pueden estar tranquilos, el cambio de gobierno tendrá que esperar unos cuantos lustros y tenemos intención de seguir».

Entre las novedades más destacadas, se eliminan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost) y las sustituye por las áreas funcionales, cuyo mapa arrancará desde las diputaciones provinciales. Estas tendrán un plazo de seis meses para elaborar sus respectivos estudios de zonificación, desde la aprobación de este proyecto en las Cortes. Además, se fijan tres años para adaptar progresivamente a las áreas funcionales rurales los servicios autonómicos prestados en el territorio. Su constitución se facilitará con la supresión de requisitos que ahora se sustituyen por criterios, como el de población, ya que se rebaja a 2.000 habitantes, cuando antes era de 5.000; también se permitirá la existencia de uno o varios municipios prestadores de servicios generales, a los que se deberá llegar en menos de 30 minutos.

Otra novedad es la flexibilización en la creación de nuevas áreas funcionales urbanas en municipios de un mínimo de 15.000 habitantes , cuando era de 19.000, al tiempo que podrán solicitarlo localidades que no tengan la mayor población de las que se pretende agrupar. Las mancomunidades de interés general rurales tendrá una nueva cartera de competencias y funciones basada en dos bloques, uno de carácter mínimo y obligatorio y otro voluntario.